El gobernador de Morelos tiene una habilidad innata para negar hechos, eludir crisis y evadir la realidad. En su gobierno no pasa nada malo, aunque pase. El tabasqueño es experto en desestimar y despreciar: la gente me apoya, está contenta y sabe que vamos por buen camino, repite insistentemente. Si Graco no hubiese nacido, lo inventa Luis Estrada en La Ley de Herodes.
La historia se repite constantemente; cambian los nombres, los lugares, pero se repiten las situaciones. En Morelos muchas personas son secuestradas, extorsionadas, levantadas, ejecutadas o asaltadas; la violencia está presente en todo el estado, en todas las regiones, sin distingo de clase social, sexo o profesión: cualquiera puede ser víctima de la delincuencia. Los problemas no han disminuido a pesar de las declaraciones oficiales, lo único que ha cambiado es que ahora, además, tenemos un nuevo cártel de drogas asentado en la capital del estado.
Durante cuatro años hemos escuchado al gobernador de Morelos decir que nuestro estado paso de ser un lugar gobernado por el narco a convertirse en un ejemplo nacional de seguridad. Cambiamos las cosas, ya no nos coludimos, actuamos con inteligencia y acabamos con la inseguridad, ha dicho infinidad de veces el mandatario en discursos y entrevistas fuera de la entidad.
Pero las circunstancias negativas que afectan al estado no se acaban con discursos optimistas ni mucho menos con campañas pagadas en redes sociales. Los problemas de Morelos son reales y quienes los padecen son gente de carne y hueso. El falso optimismo oficial y la negativa constante del gobernador por ver la realidad de su estado ha llevado a nuestra tierra a una situación crítica en prácticamente todos los sectores.
A manera de consuelo el mandatario y su gobierno insisten que antes estábamos peor. En un ejercicio de auto exculpación el régimen perredista repite que con los gobiernos anteriores Morelos era tierra de narcos y las administraciones respondían a los grupos delictivos. En un arrebato de desesperación hace unos meses el equipo de estrategia de la nueva visión elaboró un video muy fuerte en donde se recopilaban actos de violencia ocurridos en el pasado. Eso era en gobiernos del PAN, decían los productores del video, tratando de convencer que lo de antes era más grave.
El problema está precisamente ahí, que en lugar de atender la crisis actual y tratar de revertir los problemas vigentes, el gobierno de Graco Ramírez niega la realidad, elude su responsabilidad, se escuda en campañas mediáticas y busca ocultar a como de lugar los problemas. El tabasqueño dice que antes estábamos peor, pero nunca como ahora se sintió en la entidad un clima tan descompuesto y tanto miedo entre la gente.
Los ciudadanos de Morelos estamos hoy en la indefensión total: por un lado están los grupos delictivos que operan a placer y con absoluta impunidad; hay grupos que extorsionan por igual a empresarios y a pequeños comerciantes, también hay bandas dedicadas al secuestro que plagian a plena luz del día y se llevan a empresarios, amas de casa, comerciantes, estudiantes y ahora hasta niños. Frente a ello hay un gobierno indolente y omiso, que niega los hechos y deja sola a la población.
Las cosas han mejorado mucho en Morelos, dijo en un acto público Graco Ramírez: se acabaron las grandes bandas de secuestradores y ahora la gente no tiene que pagar más de cien mil pesos por un secuestro. La expresión es cruel: muchas personas han sido secuestradas y privadas de la vida a pesar de que su familia pagó el rescate; en los últimos días un niño y una mujer fueron secuestrados y sólo hasta que la sociedad se manifestó en las calles las autoridades aceptaron el hecho y actuaron. El dolor, según Graco, se mide en la cantidad de dinero que se pague por un rescate.
La indolencia del mandatario es total y contrasta con la ferocidad con la que hace algunos años combatió este mismo tema desde la oposición. Graco parece un hombre de hierro al que no le causa ningún dolor los padecimientos de la gente; el tabasqueño presume los millones de pesos invertidos en la policía y la eficiencia de su estrategia de seguridad, pero evita hablar de los problemas que aquejan a la gente. Hoy la crisis de inseguridad en Morelos sólo es superada por la del estado de Guerrero.
Por si eso fuera poco, como si no fueran suficientes los secuestros, las extorsiones, los robos, los plagios y los asesinatos, ahora resulta que en Cuernavaca se ha establecido el centro de operación de un nuevo cártel delictivo que trafica heroína a los Estados Unidos y es responsable, según informa el Departamento del Tesoro Norteamericano, de la introducción del 35% de la droga que se consume en EU.
La información no es menor, lo expuesto por el gobierno de Estados Unidos revela una situación sumamente grave, pues es imposible pensar que un cártel de tales dimensiones pueda actuar en Cuernavaca, sede de los tres poderes del estado, sin el conocimiento o complicidad de las autoridades locales.
Resulta ofensivo que frente a los ojos del gobernador y su poderoso C5, dicha organización actúe sin ser vista y tenga que ser de nueva cuenta (cómo en la época de Jorge Carrillo Olea), una oficina norteamericana quien informe de semejante situación. ¿Y la inteligencia de la policía morelense? ¿Y las reuniones interinstitucionales? ¿Y las cámaras de seguridad? ¿Y el instinto feroz del comisionado Capella? ¿Y la supervisión permanente de Graco?
El panorama en Morelos es desgarrador: la gente es agredida en las calles, en el trabajo y en las casas; cientos de personas han sido víctimas de secuestro y miles padecen las presiones de los extorsionadores. La confianza ciudadana en las instituciones se ha perdido: los ciudadanos ya no quiere denunciar porque (again) piensa que las autoridades están coludidas con la delincuencia.
Desde el gobierno las cosas son peores porque las autoridades asumen que la falta de denuncia representa la disminución de los delitos. No entienden que los morelenses ya no denuncian porque no confían en las autoridades y están recurriendo a otras instancias (el ejército o la federación) o de plano actúan por sus propios medios. La doble victimización de la gente es constante en este gobierno.
Insisto: el panorama es desgarrador: tenemos al peor gobernador de la historia: un hombre arrogante y lleno de odios que exige obediencia ciega a sus colaboradores y actúa irracionalmente frente a la crítica. Su gobierno es peculiar porque se mueve por filias y fobias y son los familiares del gobernador quienes toman muchas de las decisiones estratégicas del estado. Frente ello no hay nada: el congreso obedece y los partidos políticos solapan.
Hay dos maneras de ver lo que pasa en Morelos: una es a través de los ojos de Graco Ramírez, detrás de un cristal blindado y rodeado de elementos de seguridad. Y la otra como cualquier ciudadano.
Con secuestros, ejecuciones, extorsiones y un cártel de la droga establecido en la capital del estado, es imposible presumir la efectividad de la estrategia de seguridad. Morelos no es un estado seguro.
· posdata
El gobierno capitalino parece estar decidido abrir la Caja de Pandora: ayer el secretario de obras denunció que se tiene identificado un fraude de no menos de 270 millones de pesos cometidos en el gobierno de Jorge Morales.
El ilícito dará pie a denuncias, ya se están elaborando los expedientes respectivos y se tienen documentadas las faltas. Hay obras inconclusas, de mala calidad o que de plano no existen, dice el funcionario. Se trata de edificaciones que fueron manifestadas como concluidas sin estarlo o, en el peor de los casos, sin que se hubiesen realizado.
Habría que recordar que en los últimos meses dos ex funcionarios capitalinos han sido sometidos a proceso; los ex tesoreros Nelson Torres y Alma Graciela Domínguez son acusados de desvío de recursos y el primero ya se encuentra tras las rejas. La misma suerte puede seguir el último tesorero de Jorge Morales Barud, Domingo Coria, a quien se le conoció por este tipo de actividades.
En el caso denunciado la historia gira en torno al ex secretario de obras municipal Martín Cervantes, quien como Nelson Torres es gente cercana y del grupo político del diputado federal Matías Nazario. Cervantes fue acusado varias veces en el cabildo por diversos actos de corrupción, se señaló el conflicto de intereses en el que se involucraba al ser funcionario municipal de obras y desarrollador de obras, como la ampliación de Plaza Cuernavaca.
Pero todos los señalamientos contra Cervantes y Coria siempre fueron minimizados por el alcalde Jorge Morales Barud. A decir de algunos actores políticos, Martín Cervantes y Domingo Coria presumían compartir intereses económicos con el entonces presidente municipal, quien por cierto es ahora mencionado para sustituir a Jorge Meade en la Sedesol.
Por lo pronto el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya ha declarado que encontraron serios problemas económicos derivados de diversos actos de corrupción. La crisis que enfrenta el municipio capital no es resultado sólo del déficit financiero que recibió la pasada administración, también se añade un mal manejo de recursos y diversos actos de corrupción.
Habrá que ver hasta donde llega esta historia. El tiempo dirá si en esta ocasión se aplica la justicia o, como ya es costumbre, prevalece la impunidad.
· nota
Hace unos días los diputados exoneraron a Graco del juicio político que en su contra interpuso un grupo de ciudadanos. La excusa de los legisladores fue que el expediente no estaba bien sustentado y por tanto no cumplía los requisitos necesarios para ser admitido. El hijo del gobernador presumió otra cosa: todos tienen precio; el de este congreso fue de 35 millones.
Pasado ese momento lo que sigue en la historia política del estado es difícil de pronosticar: el gobernador demostró es capaz de adquirir la voluntad de los representantes populares y entonces puede hacer lo que quiera.
El problema no es un juicio político desechado. Lo grave es la crisis de inseguridad y violencia y la indefensión que padecemos todos los que aquí vivimos.
Si el gobernador tiene el control absoluto de la cámara ¿En quién pueden confiar los ciudadanos?
· post it
Los últimos hechos de violencia en la entidad y la presencia de un cártel de la droga en Cuernavaca tendría que hacer reaccionar a algunos personajes de la política nacional. Si la capital de Morelos es centro de operación de un grupo criminal tan poderoso como Los Laredo, la puerta de acceso a la capital del país está abierta.
¿Qué garantiza que de aquí no saltan para allá?
· redes sociales
El secuestro de un niño en Yautepec mostró la crueldad de los grupos delictivos, pero también la indolencia de nuestras autoridades. Desde que ocurrieron los hechos la familia del menor denunció el plagio y dio detalles de los hechos, con ayuda de algunas personas que presenciaron todo se aportaron detalles de cómo ocurrieron las cosas y también datos de los sujetos que lo hicieron.
A pesar de ello la fiscalía no reaccionó inmediatamente y como ahora ocurre en estos casos, dijo que se trataba de un extravío. La familia insistió, recurrió a muchas instancias y organizó una marcha para exigir el regreso del menor sustraído.
Los delincuentes hicieron contacto, exigieron 300 mil pesos de rescate y amenazaron con asesinar al niño si continuaban las denuncias. Fue hasta que la presión social se elevó y muchos ojos voltearon al tema que las autoridades reaccionaron.
Durante todo este tiempo el gobernador guardo silencio: habló de la marihuana, de Brasil y de la contaminación en el centro del país… pero nada sobre el caso.
Afortunadamente se logró rescatar el niño y capturar a sus plagiarios. Entonces sí Graco Ramírez aplaudió la acción de su policía y la efectividad de su equipo de seguridad. En Morelos no hay impunidad, tuiteó el tabasqueño.
¿Cuántos casos como el de este niño ocurrirán sin que pase nada, porque no hubo una manifestación de por medio? ¿Cuántas víctimas quedan a merced del destino porque las autoridades no reaccionan? ¿Eso es eficiencia de las autoridades?
La impunidad comienza con un gobierno no escucha
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