-Busca tener atribuciones legales para crear un “banco de suelo” y vender tierras a “precios razonables”; presentó iniciativa al Congreso
-Satisfacer de manera anticipada y ordenada las necesidades de vivienda, equipamiento urbano desarrollo regional, el argumento
El gobernador Graco Ramírez propone convertir a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT) en una ‘súper institución’, con la capacidad legal de acaparar las tierras viables para su explotación en Morelos, y ponerlas a “disposición” bajo la figura de un “banco de tierras”.
La propuesta ha sido enviada por el mandatario al Congreso; se trata de una de las dos iniciativas preferentes que la Constitución local le permite entregar en el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones, lo cual ocurrió el pasado 1 de febrero.
En la primera de estas iniciativas preferentes, Graco Ramírez estima necesario que la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, deba contar a partir de ahora con el sustento legal adecuado para poder crear un “banco de suelo” en cada ciudad, poblado o localidad para satisfacer ordenada y anticipadamente, a costos razonables, las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional.
Incluso, la primera de la facultades que a partir de esta reforma se pretende asignar a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales es: “La constitución de reservas territoriales, la administración y promoción del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; interviniendo en esta última hasta la entrega de los instrumentos jurídicos de propiedad que dé certeza jurídica a los solicitantes, así como el suelo no urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca”.
“La reforma que se promueve por la presente iniciativa busca otorgarle a la CERT atribuciones e instrumentos con una amplia posibilidad de operación que le permita: intervenir directamente sobre el mercado de suelo, promoviendo, asesorando e inclusive acuñando proyectos de inversión; realizar adquisiciones o habilitaciones directas de suelo; ejercer subsidios, garantías o el financiamiento de proyectos; en su caso, gestionar facilidades fiscales y administrativas; y, entre otras, convocar y asesorar a los gobiernos municipales para los proyectos de utilización y desarrollo del suelo en sus jurisdicciones territoriales”, abunda Graco Ramírez en la justificación de la iniciativa.
A decir del mandatario, sólo bajo ese ‘esquema’, la Comisión Estatal de Reservas estará en condiciones de poder abatir la ocupación anárquica de tierra ejidal y comunal, “evitando la necesidad de incorporación de suelo al desarrollo urbano por la vía de la irregularidad”.
Esta primera iniciativa ha sido presentada a los diputados de la LIII legislatura en un documento de 13 páginas, que estaba listo desde el año 2015, al menos así lo revela la fecha del documento al que esta reportera tuvo acceso.
Quieren flexibilizar normas para la instalación de gasolineras
A través de la segunda iniciativa preferente, el gobernador, Graco Ramírez Garrido propone “flexibilizar” los requisitos para la instalación de gasolineras en Morelos.
La reforma, se sustentada en las ‘recomendaciones’ que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) hizo llegar a gobernadores para evitar imponer restricciones innecesarias y dar certidumbre para que se abran nuevas estaciones de servicio para el abastecimiento de gasolina o diésel, a partir de la Reforma Energética.
En este proyecto, se plantea por ejemplo: eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio; eliminar las disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio y actualizar los ordenamientos que regulen aspectos relativos al establecimiento de estaciones de servicio conforme al nuevo marco normativo.
De acuerdo con la Constitución local, la Cámara de diputados dispone de un plazo de 40 días para dictaminar ambas iniciativas preferentes, es decir determinar su viabilidad jurídica y resolver en consecuencia, sobre su aprobación o rechazo.