Sin acuerdos ni dictamen, el Senado puso en riesgo la aprobación de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
El coordinador tricolor, Emilio Gamboa, denunció que la propuesta, firmada por más de 634 mil ciudadanos, pretende desatar una "cacería de brujas" por ofrecer recompensas a las personas que denuncien los actos de corrupción.
"Hay un artículo ahí que dice que cualquier mujer u hombre que denuncie algo especial de su vecino se quedaría con el 10 por ciento de una comisión. Me parece que esto se va a convertir en una cacería de brujas.
"Si mañana llegas tú con un carro nuevo: 'A ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?'. Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana", argumentó Gamboa.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, defendió el sistema de recompensas, pues dijo que es un esquema exitoso a nivel internacional y puso como ejemplo el golpe contra la corrupción en la FIFA.
"La propuesta está fundada en la experiencia internacional, y es lo que hemos puesto en la mesa. Deben existir incentivos para que se combata la corrupción", manifestó.La Oposición recriminó los señalamientos del PRI, partido al que acusaron de poner en marcha tácticas dilatorias para frenar la aprobación de la reforma anticorrupción.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, acusó al tricolor de tratar de crear un ambiente de rechazo social a la propuesta Ley 3de3.
"El PRI quiere parar la reforma a 'golpes de constitucionalidad'. Quieren crear una estrategia mediática de zozobra ciudadana", dijo.
El coordinador del PAN, Fernando Herrera, aseveró que existen señales de que el tricolor no quiere aprobar la reforma antes del 30 de abril.
"Al generar una discusión sobre temas superficiales, lo único que hacen es dilatar los tiempos", expresó.
Senadores se pronunciaron por terminar con la discusión verbal y cambiarla por la entrega de documentos, lo que implicaría desechar el acuerdo asumido con los representantes de la sociedad civil sobre debatir públicamente los temas.
El diputado federal Álvaro Ibarra disparó su patrimonio durante el Gobierno de Rodrigo Medina, en el que fue Secretario General de Gobierno y del Trabajo y dirigente estatal del PRI.
Según su declaración patrimonial publicada en la plataforma 3de3, de iniciativa ciudadana, el priista acumula bienes por unos 20 millones de pesos, que en su mayoría corresponden a propiedades adquiridas mientras estuvo en la pasada gestión estatal.
Para ese periodo, de 2009 a 2015, declara ingresos por 3.1 millones de pesos. Presentó el documento ya como ex funcionario estatal.