Cd. de México (18 febrero 2017).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los contratos de construcción de los Centros de Justicia Penal y salas de juicio oral en la Ciudad de México y Nuevo León, adjudicados por la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Funcionarios del área en cuestión, incluido Francisco Javier Pérez Maqueda, quien hasta ayer fuera su titular, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que la semana pasada se encontrara en un vehículo de su adscripción una suma de alrededor de 4 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, las anomalías se hallaron en cuatro contratos por 251 millones de pesos adjudicados a Caabsa Infraestructura y Constructora Jonap.

La ASF indica que, con motivo de su intervención, se recuperaron recursos por 205 mil pesos.

Según el informe, la Judicatura no realizó -en cuando menos dos fuentes de las cinco posibles- la investigación de mercado que determinaría el presupuesto base que serviría como marco de referencia para adjudicar tres contratos de obra pública.

Tampoco lo hizo para cotizar los trabajos correspondientes y, además, entregó información a tres compañías, cuando sólo debió proporcionarla a la persona que debía ejecutar los trabajos de esos contratos.

En tres de las contrataciones no se pusieron a disposición de las empresas en los plazos acontecidos los importes de los anticipos concedidos ni se presentaron las garantías de cumplimiento.Tampoco se aplicaron penas convencionales por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos respecto de los programas de obra autorizados, ni los descuentos o deductivas contractuales por los trabajos ejecutados que no corresponden a las cantidades propuestas por los contratistas.

"En la losa de la azotea de un contrato de obra pública no se consideraron las pendientes de 2.0 por ciento para las bajadas de las aguas pluviales, ni se construyeron las coladeras para canalizarlas.

"Se pagó un estudio de mecánica de suelos que ya se tenía previamente a la fecha en que se formalizó el contrato", agrega.

El dictamen concluye que de un total de 11 observaciones por presuntas irregularidades, 5 fueron solventadas antes de que la ASF integrara su informe.

De las 6 restantes, en 5 se generaron solicitudes de aclaración y en una se determinó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

De enero a septiembre de 2015, de un total de 34 contratos de obra asignados, sólo 2 fueron resultado de una licitación, 22 se adjudicaron de manera directa y 4 más tampoco requirieron concurso al ser firmados bajo un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).