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SERPIENTES Y ESCALERAS

“Dando contestación a las amenazas, pido su colaboración para localizar a este sujeto, Santiago Mazari, conocido como El Carrete o El Señor de los Caballos… éste es el personaje que más daño le ha causado a Morelos… No vamos a descansar hasta detener a este personaje… Qué sea él el que tenga miedo de salir a las calles”

Alberto Capella, Comisionado de Seguridad de Morelos

 

Los hechos delictivos se han vuelto comunes en nuestro estado. Cuatro años no han sido suficientes para que el gobierno de Graco Ramírez resuelva el problema de inseguridad o, al menos, aminore la crisis que provoca el actuar de los grupos delictivos. Hoy la constante son las amenazas, los actos de provocación y la saña de los cárteles de la droga. Aunque las autoridades digan lo contrario, el problema no se ha resuelto y la estrategia de seguridad no ha funcionado.

El arranque de año ha sido muy difícil para Morelos; en 51 días del 2017 (hasta ayer) se habían registrado 98 ejecuciones y la cuenta seguía en aumento. Balaceras en sitios públicos, granadazos en colonias populares, ejecuciones a plena luz del día, descuartizados arrojados en calles de la capital y niños que mueren a balazos son algunos de los hechos que se han vuelto comunes en nuestra entidad y a los que, parece, nos estamos acostumbrando.

Los grupos delictivos no se amedrentan ante las autoridades; cada vez que el gobierno asegura que las cosas mejoran, ocurren hechos trágicos que evidencian la fragilidad del discurso institucional. La implementación del Mando Único no frenó la violencia, no redujo los delitos de alto impacto, ni mejoró el funcionamiento de la policía; por el contrario hoy tenemos una corporación duramente criticada, acusada de torturar personas, de fabricar delincuentes y de proteger a grupos del narcotráfico.

Algo no ha funcionado en la estrategia estatal de seguridad. Los millones de pesos invertidos en infraestructura, equipo y armamento no han sido suficientes para detener a los criminales, ni tampoco para mejorar la percepción de las cosas. En cuatro años de gestión el panorama se ve más oscuro que antes y a menos de dos años de que concluya la administración de Graco Ramírez no se ve por donde la situación pueda mejorar.

Quizá un experto en el tema (yo no lo soy) podría explicarnos qué es lo que ha fallado en la estrategia y qué se necesita para que la situación mejore. Algunos proponen que se termine el modelo del mando único, otros que se cambie al titular de la CESP y unos más que se pida la intervención de las fuerzas federales. No tengo claro si una sola de estas acciones (o las tres) nos otorgarían los resultados que todos queremos, pero al parecer las autoridades tampoco lo saben. La inseguridad, la violencia y la operación de grupos delictivos es muy compleja y no se acabarán sólo con el movimiento de una persona o el cambio de nombre a la policía; menos negando la realidad y ocultando la información.

Hay una circunstancia que llama la atención: de un par de meses a la fecha algunos grupos delictivos han anunciado sus ejecuciones a través de mantas y anticipan las acciones violentas que llevarán a cabo de esa manera. Desde hace mucho tiempo las “narcomantas” han sido usadas por los delincuentes, pero ahora las amenazas se cumplen y terminan en baños de sangre.

Hace un par de días el propio comisionado de seguridad en Morelos informó a través de un video sobre la colocación varias mantas en diferentes puntos de la entidad; en ellas, dijo Capella, se amenaza a personal de la CESP y a su titular. Lo llamativo es que fue el tijuanense quien hizo pública esa información y al hacerlo entró al juego perverso de los grupos delictivos.

Alberto Capella respondió públicamente al reto del líder de un cártel y solicitó el apoyo de la población para capturarlo. ¿Por qué reaccionó así el Comisionado de Seguridad? ¿Qué ganó publicitando una narcomanta que, hasta ese momento, la mayoría de los ciudadanos desconocía? ¿No fue el propio Capella quien hace un par de semanas pidió a la población y a los medios no difundir el contenido de las narcomantas? ¿Qué cambio?

El arranque del 2107 en Morelos ha sido uno de los más sangrientos de los últimos años. La crueldad con la que actúan los grupos delictivos expone la degradación de los valores humanos y la anulación de aquellos viejos códigos no escritos en donde se respetaba a la familia, a las mujeres y a los niños. Hoy vemos mujeres asesinadas y niños que pierden la vida en hechos violentos. Peor: pareciera que nos hemos acostumbrado a este tipo de historias y nos conformamos con expresiones de desprecio a la autoridad, pero aceptamos que no cambiará nada.

La violencia ya se estableció en la tierra de Zapata, el modelo de seguridad propuesto por el gobernador Graco Ramírez puede ser bueno en el papel, pero no ha dado resultados en los hechos; Alberto Capella es reconocido por el trabajo que hizo en Tijuana, pero ha quedado a deber en Morelos. La gente escucha los discursos triunfalistas de Graco, pero sufre la inseguridad en las calles.

Como si la crisis de inseguridad no fuera suficiente, ahora resulta que el jefe de las policías del estado responde al reto de una narcomanta y a través de las redes sociales revira el desafío a un grupo delictivo.

¿Qué sigue? ¿Un duelo en la plaza de armas?

  • posdata

La legislatura pasada (la 52) aprobó al gobernador Graco Ramírez la contratación de un crédito de 2 mil 806 millones de pesos para diferentes obras, entre ellas la construcción de la nueva sede del poder legislativo, para lo cual se etiquetaron 500 de los casi 3 mil millones de pesos del empréstito.

Dos años después el ejecutivo estatal ha iniciado la obra en el perímetro del mercado Adolfo López Mateos, pero los recursos con los cuales se está llevando a cabo este proyecto vienen del dinero aprobado por la legislatura actual (la 53) en el paquete económico 2017.

Pregunta inocente: Si la obra del nuevo congreso se llevará a cabo con recursos del presupuesto 2017 ¿En dónde quedaron los 500 millones de pesos etiquetados?

  • nota

Hace un par de días El Regional publicó una nota que da cuenta de la forma como opera la Policía Acreditable. La información fue proporcionada por elementos de la propia corporación a nuestro compañero Erick Abraján, a quien por razones de seguridad le pidieron guardar el anonimato.

La reacción de las autoridades, como siempre, es contra el emisor de la información y no contra aquellos que estarían cometiendo actos irregulares. En lugar de analizar las denuncias y revisar el actuar de los funcionarios, hay amenazas veladas contra quien escribió la nota y exigencia de que revele su fuente. No ocurrirá.

Esto es lo que publicamos el lunes pasado:

Acusan al titular, Lauro Quiroz Amador, de “retener” recursos y utilizarlos de manera personal

Elementos de seguridad  pública estatal se quejan de las condiciones deficitarias en las que laboran

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) denunciaron al director general de la Policía Estatal Acreditable, Lauro Quiroz Amador, por actos de “prepotencia” hacia el propio personal, además de que argumentaron que una de las principales anomalías en las que ha incurrido es en la “retención” de los recursos provenientes del programa “Iniciativa Mérida”, para ser utilizados de manera personal.

De acuerdo a una denuncia anónima y por temor a represalias, los agentes policiacos informaron que los directivos de la corporación estatal “pretenden” que a principios del mes de marzo del presente año la Policía Estatal Acreditable asuma el papel de los Servicios Periciales, tal como lo realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

Informaron que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), pretende contratar a más personal de investigación para la Policía Estatal Acreditable (PEA), a fin de abrir una sede en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla para realizar las labores en Servicios Periciales.

Y es que los trabajadores acusaron que otra de las anomalías en las que ha incurrido Quiroz Amador ha sido en la retención de los recursos de la “Iniciativa Mérida”, ya que hasta el momento los agentes de las unidades como son: Análisis Táctico, de Investigación, de Operaciones y de Organización Administrativa, no cuentan con los recursos materiales y de transporte suficientes para cubrir los 33 municipios del estado.

Dijeron que en reiteradas ocasiones, los agentes policiacos cuando realizan las diligencias e investigación sobre los homicidios violentos, en la mayoría de veces, no cuentan con los overoles Tyvek, guantes y zapatos desechables para no contaminar las escenas del crimen.

Además, los agentes de campo cuentan con chalecos antibalas caducos y armas cortas, por lo que exigieron la dotación de armas largas en caso de repeler alguna agresión contra el crimen organizado.

“No nos dan recursos; con el llamado programa Iniciativa Mérida, nos dieron equipo táctico, con cámaras de seguridad, pero todo lo tiene el director Lauro Quiroz Amador, no es posible que él siendo el encargado, no nos dé el equipo necesario para trabajar (…) Además de que no nos otorguen las plazas de acuerdo a nuestro perfil de experiencia y académico; en nuestra convocatoria, nosotros teníamos que ocupar plazas de mejor nivel y sin embargo, nos han renegado esas plazas, y él no nos lo permite, y mínimo tenemos que tener la plaza de suboficial; nos han dicho que a principios del mes de marzo, la Policía Estatal Acreditable se hará cargo de realizar las labores de -Servicios Periciales-, por lo que nos mantendrán trabajando en un horario de 48 por 48 horas, y eso nos parece injusto”, declaró.  

Acomodo de recomendados

Asimismo, dijeron que en la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), han colocado a personas por “amiguismo”, tal como sucedió con el hoy Director General de la Policía Estatal Acreditable, Lauro Quiroz Amador, quien en su momento fue recomendado por el Fiscal General, Javier Pérez Durón.

En el caso de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jiutepec, Guadalupe Mondragón Martínez, ésta ha sido “premiada” con la encomienda por mantener una relación sentimental con uno de los escoltas del Subcomisionado de la Policía Morelos (antes Mando Único), Francisco Javier Viruete Munguía, entre otros más.

“Lo que nosotros pedimos y exigimos a las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad, es que seamos contemplados en las plazas de mayor rango, de acuerdo a nuestro perfil académico, además de que nos doten de mayores unidades para realizar nuestro trabajo, así como los instrumentos y el sueldo; la mayoría de nosotros estamos como policías tercero, situación que en su momento nos prometieron ascender de puesto y no han cumplido”, declararon.

Y es que de acuerdo a una entrevista durante este fin de semana, el propio Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, dijo que podría solicitar mayores recursos financieros para la Policía Cibernética, cuando el propio Director General de la Policía Acreditable, Lauro Quiroz, ha “retenido” los recursos provenientes de Iniciativa Mérida. 

  • post it

Sergio Estrada ha hecho público su interés por participar en la próxima contienda electoral; quiere volver a ser alcalde de Cuernavaca. El ex gobernador ha comenzado a pasearse y a dejarse querer, sabe que frente al desgaste de la clase política, tiene oportunidad de volver a ganar una elección.

El tiempo dirá para qué le alcanza.

  • redes sociales

La desaparición de personas en Morelos es un asunto grave, aunque para las autoridades no amerita mayores comentarios. Todos los días es posible ver en las redes sociales imágenes de personas que se extravían y mensajes de familiares pidiendo ayuda para localizarlas. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, pero sobre todo mujeres y niñas.

El tema es delicado y doloroso; la fiscalía pide esperar 72 horas para iniciar la búsqueda (porque ese es el tiempo que marca la ley) pero muchas veces esas horas son determinantes para que la persona regrese o no a su casa.

¿Cuáles son las cifras reales de desaparecidos en Morelos? ¿Qué está pasando con quienes nunca regresan a sus casas?

Comentarios para una columna divertida: eolopacheco@elregional.com.mx

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