:Que otra parte de la historia en la disculpa pública de la PGR a Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, que estuvieron injustamente en la cárcel, es que desde el momento en que salieron recibieron apoyo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La comisión, que dirige Nuvia Mayorga, les proporcionó traductores del otomí y peritajes antropológicos, además de apoyos directos en efectivo, como los que recibió Jacinta (250 mil pesos) para su papelería y Alberta (760 mil) para la ampliación de su invernadero, todo con el fin de que recuperen sus proyectos de vida.
:Que en los ámbitos político y judicial de Nuevo León se comenta que el ex procurador de Justicia Roberto Flores no solo permitió el incremento en los índices delictivos de la entidad hasta en 90 por ciento en el caso de robo a bancos, en 51 por ciento en atraco a negocios y hasta 31 por ciento en homicidios, sino que hubo varias irregularidades en la fiscalía que ya están bajo investigación.
Dicen que no tardarán los resultados. A ver.
:Que hoy a mediodía se espera la participación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón en el foro La Cultura de la Seguridad Nacional, organizado por la comisión bicameral del mismo nombre, en el recinto legislativo de San Lázaro.
Aunque confirmó, hasta el cierre de esta edición todavía existían dudas de su asistencia, debido al proceso administrativo que le sigue la Secretaría de la Función Pública por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
:Que los legisladores priistas Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, copresidentes de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, aceptaron a regañadientes convocar a reunión de esa instancia el próximo miércoles 1 de marzo para desahogar un primer bloque de las más de 350 demandas de juicio político acumuladas desde 2003.
Durante cuatro meses no hubo llamado, exhorto ni excitativa capaz de convencer a Guillén de citar al grupo de trabajo, pero un apercibimiento judicial con multa de 7 mil 549 pesos y la amenaza de destitución persuadieron a ambos en unas cuantas horas de cumplir su obligación legal.