México cede soberanía a EEUU
Frente al hemiciclo a Juárez, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México cedió soberanía a Estados Unidos en materia migratoria al adoptar el concepto “responsabilidad compartida” y aceptar militarizar la frontera sur del país.
Un Estado realmente soberano no comparte responsabilidad con otro en el ejercicio de la autoridad sobre las personas y bienes que se encuentran en su territorio.
Es una cuestión de principio. Sin soberanía migratoria, México renunciaría a ejercer el control exclusivo de la migración y se sobajaría como agencia mexicana sucedánea de la autoridad migratoria estadunidense.
Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, acordaron con sus colegas estadunidenses, los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, compartir el control de migrantes extranjeros en la frontera sur.
Para tratar de justificar la premisa de la responsabilidad compartida, Videgaray se apresuró a declarar que México ya no es un país de emigrantes sino de tránsito, lo cual es una falacia. México seguirá siendo un país fuente de migración a Estados Unidos mientras persistan las condiciones de desigualdad y de diferencia salarial con el vecino más desarrollado.
Esto significa que, a partir de ahora, México va a convertir su frontera con Guatemala y Belice en la segunda frontera sur de Estados Unidos, a petición del gobierno estadunidense, para evitar que lleguen a Estados Unidos indocumentados de Centro y Sudamérica, así como del Caribe y de otras naciones, a través del territorio nacional.
Si bien el antecedente de esta política equivocada del gobierno de México se remonta al sexenio de Felipe Calderón, la obsecuencia de esta administración nos aleja aún más de América Latina, olvida nuestro compromiso con las tradiciones de asilo y nos convertiría en autoridad migratoria sustituta de Estados Unidos.
Me temo que, primero, nos vamos a enterar, no por el gobierno mexicano, sino por el de Trump, sobre los alcances y condicionamientos de dicho acuerdo, con sus implicaciones financieras, por un lado, y militares, por el otro, cuando la administración estadunidense solicite al Congreso fondos para la Operación Centroamérica, o como la vayan a llamar, al estilo Iniciativa Mérida.
De ahí se explica la participación del titular de Hacienda en las negociaciones, autoridad responsable de administrar los fondos estadunidenses de ayuda a México.
Y, lo más grave, es la presencia, el 22 de febrero por la noche, de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en la residencia de la embajada de Estados Unidos con los secretarios de Seguridad Nacional, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, junto con los otros funcionarios mexicanos para tratar los aspectos militares de la “responsabilidad compartida”.
Dentro de poco, México podría implementar drones, sensores y radares estadunidenses para el control migratorio de la frontera sur y la lucha contra el narcotráfico, con fondos que autorizaría el Congreso estadunidense. Y uno se pregunta ¿qué ganaría México?
Las implicaciones militares de la iniciativa fueron expuestas desde hace tres semanas en Sin ataduras del 4 de febrero, intitulada “México en el laberinto de Trump”, al informar de la reunión celebrada en Tapachula: “Resulta muy preocupante la presencia de altos mandos militares estadunidenses en la reunión en Chiapas para un tema migratorio, después de que Trump ofreció ayuda militar para combatir a los ‘bad hombres’ en México”.
Trump reiteró hace dos días su visión militarista. Dijo que será “una operación militar”, mientras sus enviados se encontraban en México conversando en la SRE, lo cual fue matizado por el vocero Sean Spicer y negado por el propio John Kelly.
Pero a pesar de la aclaración, persiste la duda sobre la amenaza del uso de militares para el control migratorio. Esperemos que México no acepte la pretensión del gobierno estadunidense de que las fuerzas armadas mexicanas hagan la labor de control migratorio, además del combate al narcotráfico, operaciones que el ejército estadunidense jamás ha realizado en su país.
Hoy reitero mi posición: “La cesión de soberanía unilateral de México en materia migratoria tampoco se justifica como moneda de cambio en una eventual negociación con Estados Unidos, cuando Trump humilla a nuestro país con el muro y amenaza con deportar a millones de migrantes mexicanos”.
Enrique Peña Nieto y su gabinete deberían aprender del ejemplo de Juárez, de sus aciertos y errores, en defensa de la soberanía nacional y conocer cómo afrontó los desafíos internacionales a pesar de la debilidad del Estado mexicano ante las potencias extranjeras: con apego al derecho internacional y a la soberanía nacional.
Posdata
Mientras el gobierno mexicano está más preocupado por hacer el trabajo sucio al gobierno de Trump en la frontera sur, Andrés Manuel López Obrador solicitará, el 15 de marzo en Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas cautelares para detener las deportaciones de mexicanos y recibir el debido proceso que otorgan las leyes estadunidenses.
La solicitud está abierta a la firma del público en la página https: //secure.avaaz.org/es/.