I. Transparencia. En el proceso que lleva a cabo el Senado de la República para elegir a quien será el fiscal anticorrupción, en esa instancia parlamentaria los priistas no quieren quedarse al margen de la exigencia de la sociedad. El líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, no se anda por las ramas y, de plano, dice que sus legisladores apoyarán todas las propuestas necesarias para transparentar el manejo de los recursos públicos e, incluso, señaló que en la asignación de contratos se deberá actuar de manera transparente, tal y como ocurre en las compras del sector salud. Buena óptica. Ésa es la mejor manera de dignificar el trabajo legislativo y de responder a las preocupaciones de la gente.
II. Instrucción presidencial. Hoy, el secretario de Salud federal, José Narro Robles, hará la tercera y última entrega del facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta vez al gobierno de Zacatecas, para cumplir con la indicación del presidente Enrique Peña Nieto a los miembros de su gabinete para hacer lo propio durante febrero en sus estados enlace, como parte de las actividades por el Centenario de nuestra Carta Magna. Por eso, antes de que termine el mes y sin importar que sea día de descanso para muchos, Narro Robles acudirá a esa entidad norteña. Sería bueno saber quién más ha cumplido la encomienda.
III. Nadie se salva. El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, sigue revelando los malos manejos en todos los sectores. Pero, en verdad, el más reciente avergüenza. Desde hace cuatro años, la ASF detectó un modus operandi de corrupción en las universidades públicas. Tan sólo en el 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos, casi el doble de lo que este año destinará la SEP a Educación Inicial y Básica Comunitaria. Simulan contratos o se los otorgan a instituciones educativas que no cuentan con la capacidad. Corruptelas por doquier. ¿Y?
IV. ¿Ahora sí? Eviel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, inauguró la Estrategia Nacional de Inclusión Social, una labor coordinada entre esa institución y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se trata, dijo, de un instrumento de cambio para que más ciudadanos se alimenten mejor, tengan acceso a servicios de salud, habiten mejores viviendas, cuenten con servicios básicos, como agua, drenaje y electricidad, abandonen el rezago educativo, obtengan los beneficios de la seguridad social y adquieran alimentos de la canasta básica a precios estables. ¿Adiós a los pobres? Bien.
V. Campeones. De qué sirve tanto gasto en instituciones, en campañas de información, en proyectos, investigaciones y análisis si, finalmente, menos del uno por ciento de los delitos denunciados ante la Secretaría de la Función Pública culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. En este tenor, las cifras oficiales son alarmantes, pues entre los años 2002 y 2016, tan sólo el 0.67% de los expedientes en contra de funcionarios llegaron a un proceso penal o administrativo. Por eso, ante tal escenario, ésta es la oportunidad para que Arely Gómez González, titular de la Función Pública, muestre que sí puede haber un cambio en éste, el paraíso del enriquecimiento ilícito.