La desaparición se convirtió en uno de los delitos que más aqueja a la ciudadanía de Jalisco. Las cifras oficiales colocan al estado como el tercero a nivel nacional con más casos registrados en la última década. En los últimos cuatro años, las cifras pasaron de 987 a mil 950, con cientos de fosas halladas y más de 200 cuerpos.
El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, da esta entrevista a EL UNIVERSAL para conocer su postura sobre la situación crítica que enfrenta Jalisco en el tema de desapariciones, documentada por este diario en días recientes.
En julio de 2015, dice Almaguer, cuando llegó a esta dependencia se encontró con el hecho de que organizaciones civiles vinculadas al tema tenían que ser escuchadas directamente por el gobernador Aristóteles Sandoval, pues no había una comunicación directa con la fiscalía.
El fiscal, quien recibió una amenaza de muerte por un caso de desaparición cometido por el crimen organizado, acepta las críticas y fallas señaladas por expertos, organizaciones y familiares de víctimas, por lo que fue necesario dar acceso a los expedientes sobre desapariciones de la fiscalía a organismos internacionales, para dar pie a la creación de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, que sería la primera en su tipo.
Almaguer detalla que esta iniciativa consensuada será presentada en la segunda semana de marzo y que fue avalada por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan Jarab. En enero pasado se trabajó la primera versión y en los próximos días el gobernador del estado la presentará.
El escritorio del fiscal está lleno de papeles: estadísticas de homicidios, desapariciones y un informe sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización liderada por Nemesio Oseguera, El Mencho, dice, ha sido responsable de “algunos casos”, sobre todo en las zonas limítrofes del estado. Con la nueva fiscalía se podrían establecer investigaciones para ligar desapariciones y fosas clandestinas realizadas por el grupo criminal.
Almaguer Ramírez tiene confianza en que será posible dar paso a esta iniciativa. Y se compromete a que será un proceso donde el fiscal será una persona “autónoma” que represente a la sociedad civil, ajena a intereses, pues considera que “la autoridad está obligada a instrumentar todos los elementos necesarios para localizar a sus seres queridos y castigar a los responsables”.