Cd. de México (06 marzo 2017).- La Secretaría de Gobernación deberá pagar 15.4 millones de pesos más intereses moratorios por la renta de un edificio que alquiló en 2012, pero que nunca ocupó.
Un tribunal federal confirmó en definitiva sentencias dictadas por jueces locales de arrendamiento inmobiliario, que condenan a la dependencia a pagar 41 meses de renta a la empresa Bucaprim Inmobiliaria, más intereses de 9 por ciento anual.
Con los intereses, la deuda ya rebasaría 21 millones de pesos si Gobernación no ha hecho algún pago, y Bucaprim podría demandar más rentas, pues las sentencias cubren el periodo abril 2012 a enero de 2016.
Gobernación ha intentado llevar el caso a la Suprema Corte, sin embargo sus recursos han sido desechados por improcedentes, el más reciente en enero pasado.
Se trata de un edificio de seis pisos ubicado en Bucareli 107 esquina con General Prim, en la Colonia Juárez, de la Ciudad de México, a un costado de la sede central de Gobernación.
Según el contrato de arrendamiento tiene 2 mil 528 metros cuadrados de oficinas y 20 lugares de estacionamiento. La renta mensual se fijó en 336 mil 400 pesos.
La Segob no usó el edificio porque, luego de revisiones posteriores a la firma del contrato, concluyó que por vicios ocultos se requerían 16.2 millones de pesos para que se pudiera utilizar, monto mayor al pactado con Bucaprim para invertir en remodelaciones.
El problema fue que la Dirección General de Recursos Materiales de la dependencia, entonces a cargo de René Roque Diego, se limitó a emitir un oficio el 30 de abril de 2012 en el que notificaba a la inmobiliaria la conclusión unilateral del contrato con fecha del 9 de mayo de ese año.
"No bastó que le haya hecho del conocimiento a la arrendadora la terminación anticipada, ya que en términos de la cláusula décimasegunda, Gobernación estaba obligada a dar aviso con 60 días previos a la arrendadora de tal decisión", afirmaron tanto el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, como el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil.
En sus apelaciones más recientes, Gobernación no ha ocultado su molestia.
"El arrendador dolosamente en lugar de tomar posesión de su inmueble insiste de mala fe en generar demandas con el objeto de obtener un lucro indebido, lo cual no sería trascendente, siempre que las autoridades judiciales se colocaran en forma imparcial y resolvieran conforme a derecho", afirmó.
El edificio que no ocupó la Segob y por el cual debe pagar millones se encuentra ocupado por un grupo de paracaidistas encabezados por la perredista y activista transgénero, Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes ambulantes, Alejandra Barrios.
Trabajadores de la zona, a quienes les ofrecieron vivir en el inmueble identificaron a la fundadora de la asociación civil ProDiana como líder de los invasores del predio ubicado en Bucareli 107 esquina con General Prim, en la Colonia Juárez.
El edificio fue ocupado desde hace más de un año por comerciantes ambulantes del Centro Histórico y personas que reparan electrodomésticos en negocios establecidos en la Calle Artículo 123, afirmó un empleado que labora en la zona.
En su testimonio, uno de los trabajadores explicó que hace un año le ofrecieron vivir en el lugar pagando 5 mil pesos por el traspaso del departamento y una renta semanal de 250 pesos para la organización.
"A mí me ofreció vivir ahí un cuate que conozco, pero ya tiene más de un año. Ellos lo agarraron por 2 mil 500 de entrada y 250 pesos a la semana. Bien que ganen o bien que pierdan", relató.
Mientras realizaba sus labores, el hombre afirmó que desde un principio le plantearon que no era seguro vivir en el edificio pues en cualquier momento podría ocurrir un desalojo.
"Mi amigo me dijo: bien que dures 15 días, una semana. Así me lo dijo, me habló claro.
"Todos saben que ese predio lo está peleando Diana Barrios para quedarse con todo. Mis amigos rentaban como en 5 mil pesos sus otros departamentos y ahora pagan mil pesos al mes. Les salió bien barato", expuso en entrevista mientras realizaba su trabajo.
En un recorrido por el lugar se constató que del inmueble salieron mujeres y niños quienes aseguran vivir en ese lugar.
En la planta baja del inmueble hay una refaccionaria, cuyo dueño confesó pagar la renta a una organización a la cual no quiso identificar, mientras que un grupo de personas vende agua purificada y asegura que les prestan el establecimiento.
Una de las puertas principales del inmueble es resguardada por policías federales.
"Todos los que viven aquí se puede decir que son paracaidistas. Son de organizaciones porque tienen tomado este edificio", comentó un agente que realizaba su guardia cerca del inmueble.
REFORMA pidió hablar con los administradores del lugar pero el portero del edificio dijo que el responsable acude ocasionalmente al lugar porque no vive en la Ciudad de México, pero tampoco quiso compartir nombre ni teléfono de contacto.
Comerciantes de la zona expusieron que el grupo de paracaidistas también ocupa otros inmuebles en colonias aledañas al Centro Histórico de la Ciudad de México. Hora de publicaci