El presidente del TJA afirma que los 33 munícipes tienen demandas perdidas ante la justicia administrativa; señala que se aplicarán todas las medidas de apremio, incluso la destitución
Cuernavaca, Morelos.- Los 33 presidentes municipales están en problemas legales, no sólo por el incumplimiento de laudos, sino también por las demandas perdidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que ha aplicado medidas de apremio -que van desde la multa hasta las advertencias de destitución- a todos los ediles.
El magistrado presidente del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que ningún alcalde escapa a las medidas de apremio aplicadas por el tribunal ante la reiterada negativa por cumplir con las sentencias de este órgano, que ha exigido acatamiento a sus mandamientos y “cuando no lo han hecho en los términos que ha fijado el tribunal, les hemos impuesto algunas multas que hemos ejecutado a través de la Secretaría de Hacienda y, si estas multas no han sido suficientemente fuertes para doblegar la contumacia de los servidores públicos, hemos pasado a otra medida de apremio, que es el arresto".
“Y si no se han ejecutado esos arrestos, es porque han recurrido al amparo y ahí les han concedido la suspensión, pero esos amparo se van a resolver en algún momento, y esperamos que resueltos podamos resolver ejecutar las medidas de apremio que son los arrestos y, en su caso, llegaremos hasta las destituciones de los presidente municipales”.
Dijo que algunos alcaldes han hecho esfuerzos para cumplir con las sentencias del TJA, pero por las grandes sumas adeudadas no pueden cumplir a cabalidad con lo ordenado. Sin embargo, el tribunal está obligado a agotar las medidas de apremio previsto en la ley.
Recalcó que todos los municipios tienen asuntos pendientes en el TJA, pero son los ayuntamientos alejados de la capital del estado los que mayor resistencia muestran para cumplir con las sentencias administrativas, que tienen que ver principalmente con el despido injustificado de elementos policíacos, clausuras de negocios e incumplimiento de pago en contratos de obra pública.