El Secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, dejó ayer el cargo luego de ser acusado por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, de haber sido abogado de presuntos narcotraficantes.
Arroyo Cruz estuvo al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento que encabeza Cuauhtémoc Blanco durante casi siete meses. El 8 de agosto entró en sustitución de Samuel Sotelo Salgado, quien vuelve a ocupar el cargo, el segundo en importancia en el organigrama municipal.
El pasado 2 de febrero, Capella acusó que tres funcionarios de la Administración municipal tuvieron vínculos con el crimen organizado: Sebastián García Ávila, coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Alejandro Villarreal Gasca, tesorero municipal, y Arroyo.
Sobre este último dijo que en 2009 se presentó como abogado de los hermanos Pineda Villa, presuntos operadores de los narcotraficantes Beltrán Leyva.
"Fue subprocurador contra la delincuencia organizada y el 5 de mayo de 2009 se acreditó como el abogado de los hermanos Pineda Villa, nada más y nada menos, Alberto, Mario y Salomón, quienes eran acusados de estar vinculados con el crimen organizado, además son cuñados del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca", acusó Capella.
Ayer, en una conferencia ofrecida en el Ayuntamiento, Arroyo Cruz aseguró que su renuncia era por motivos estrictamente personales y que regresaría a su despacho para continuar con su trabajo de abogado.
"No tengo ninguna investigación abierta en mi contra, ni a nivel de fuero común ni a nivel federal. No ha existido nunca una investigación en contra mía", sostuvo.
El ahora ex funcionario se desempeñó como Subprocurador de Asuntos contra la Delincuencia Organizada (2006-2007) en la entonces Procuraduría General de Justicia del estado y en octubre de 2012, en un par de mantas, firmadas presuntamente por la Familia Michoacana, se le acusó de tener vínculos con el crimen organizado.
Sobre Sebastián García Ávila, actual funcionario en la Alcaldía de Cuernavaca, se le señala de mantener dentro de la corporación a policías que reprobaron los exámenes de control de confianza, entre ellos, 16 de quienes se sospecha pertenecen al crimen organizado.