Cuando regresaron el 8 de enero de este año todo había cambiado. Aún se hicieron algunas búsquedas acordadas con anterioridad, pero se detuvieron otras diligencias, se dejaron de explorar activamente líneas de investigación planteadas por el grupo en su primer informe, la única urgencia de la PGR era acordar los términos del nuevo peritaje sobre posible fuego en Cocula. Muy pronto supimos que el gobierno ya no renovaría la estancia del grupo.

Así lo explican en el informe de ayer: “Si bien los meses de noviembre y diciembre se logró empezar a avanzar en las líneas de investigación, a partir del mes de enero distintas situaciones obstaculizaron el trabajo. Las condiciones que se crearon a partir de entonces limitaron el avance de la investigación, ya que el equipo no contó con la independencia ni la información necesaria para realizar adecuadamente su trabajo. A lo largo de esta investigación y en esta segunda parte del mandato del GIEI solicitamos la realización de más de 900 pruebas, de las cuales hasta mediados de marzo de 2016 se había cumplimentado un 50 por ciento y el otro 50 por ciento”.

Más extraño aún, 16, 17 y 18 de abril de 2016, cuando ya estaba claro que el GIEI se iba, se integraron 65 declaraciones y otros documentos que el grupo no pudo examinar.

¿Qué cambió entre diciembre y enero? ¿Cuál fue el cálculo del gobierno? ¿Tuvo que ver con el “diferendo” de diciembre entre Seido y la Subprocuraduría de Investigación, descrito en el informe, alrededor de una casa de El Gil en Pueblo Viejo? ¿Tuvo que ver con un extraño cálculo político? ¿Qué papel jugó Tomás Zerón, ahora protagonista de un video en el río San Juan?

Habrá tiempo para revisar las 605 páginas llenas de relatos de tortura, confesiones como prueba reina,  manipulación de evidencia, abandono inexplicable de líneas de investigación, omisiones y contradicciones. Pero todo eso no es nuevo, ya lo teníamos, es la manera que opera nuestro sistema de justicia.

Se fue el GIEI, con todo lo otro, nos quedamos.