:Que los ex constituyentes Federico Döring y Cecilia Soto se preguntan cuál será la instancia que reciba la notificación de la Suprema Corte sobre las cuatro acciones de inconstitucionalidad y las dos controversias a la Carta Magna capitalina, porque la figura de Asamblea Constituyente desapareció una vez que se promulgó el documento.
Por ello, dicen que solo hay de dos: que sea el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo que dudan, o la Asamblea Legislativa, que es lo más viable. Por lo pronto, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, que dirige Manuel Granados, espera la eventual notificación y con la Dirección General de Servicios Legales ya alista la defensa del documento.
:Que la Mesa Directiva del Senado, a cargo del verde Pablo Escudero, ya no quiere fijar posición sobre la disputa por la coordinación del grupo parlamentario del PRD, por lo que solicitó que las diferencias mejor las resuelvan en el ámbito correspondiente.
El legislador pinta su raya así sobre el pleito entre Miguel Barbosa, echado de la coordinación, pero apoyado por varios de sus compañeros, y Dolores Padierna, nombrada sustituta por la dirigencia partidista que encabeza Alejandra Barrales.
:Que en medio de la crisis que atraviesa el PRD, el líder de este partido en la Ciudad de México, Raúl Flores, se trasladó a Berlín a un encuentro de militantes socialdemócratas convocado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung, que reunirá a ex ministros, legisladores y ex gobernadores de diferentes países.
El objetivo de la cita es debatir sobre el futuro de la socialdemocracia internacional, en un ciclo de conferencias bajo el título de Una transformación que se requiere ahora mismo.
:Que desde el año pasado el gobierno federal pidió a los estatales que sus corporaciones de seguridad no utilizaran en sus uniformes o vehículos colores y diseños que pudieran confundirse con los de las fuerzas armadas.
Sin embargo, esta vez la demanda fue por un acuerdo del Consejo de Seguridad Pública, que se acompañó con el recordatorio de que el Código Penal Federal impone un castigo mínimo de un año de prisión a quien falsifique o adquiera materiales que se parezcan a las utilizadas por soldados y marinos.