Aquí y en otros espacios hemos dado cuenta de que la presidenta del PRD ha incursionado en más de una ocasión en la industria inmobiliaria; actividad tan lícita como cualquier otro negocio privado.
Y es que más allá del maniqueísmo propio de la legión de idiotas, está claro que no es delito poseer un departamento, una casa o propiedad de tal o cual extensión, precio y en tal o cual ubicación.
El problema aparece cuando el dueño de un depa de lujo, casa fastuosa o propiedad dispendiosa es servidor público y/o lo ha sido por años. Y, en ese caso, tampoco se puede estigmatizar al propietario de tal depa, rancho o casa, si es que tiene forma de demostrar el origen lícito de esos bienes.
Como saben, Alejandra Barrales ha sido líder sindical, asambleísta, diputada, senadora e integrante del gabinete de Miguel Mancera. Hoy preside el PRD y aspira a gobernar Ciudad de México. Está claro que en el desempeño de esos cargos creció su patrimonio y, por ello, debió presentar su 3de3, para cumplir con los mínimos públicos de transparencia y conflicto de interés.
Pero resulta que, en 2015, Alejandra Barrales incursionó en una de las modalidades más rentables del negocio inmobiliario: la preventa. Es decir, una compra a plazos —y con un crédito a 30 años— en donde la propiedad no pertenece a quien la adquiere sino hasta que termina de pagar las distintas etapas del contrato.
Barrales será dueña del depa de Miami en el año 2045, mientras que la hipoteca se paga sola con las rentas del inmueble y la plusvalía hace redondo el negocio. Eso es lo que hace atractiva la inversión inmobiliaria, en la modalidad de preventa.
En rigor legal, el depa de Alejandra Barrales es propiedad del banco que otorgó el crédito y, por tanto, no tenía —y no tiene— por qué incluirlo en su 3de3, como suponen de mala fe y de muy mala leche las legiones de idiotas que ya crucificaron, calumniaron y hasta difamaron a la presidenta del PRD. Todo ello además de que sí declaró la propiedad.
Lo cierto es que en los tiempos de la “posverdad” lo que menos importa es la verdad, lo que impera son las medias verdades y las mentiras completas, que casi siempre buscan obtener raja política.
Y ese, el de la raja política, es el caso de la infamante acusación contra Alejandra Barrales, a quien legiones de idiotas tupieron con singular ligereza, sin que apareciera un periodista capaz de explicar el fondo del asunto. ¿Por qué la mayoría de periodistas que entraron al tema se tragaron el maniqueísmo sin freno?
En el fondo, asistimos a una grosera venganza lanzada contra Alejandra Barrales, quién cometió el “pecado político” de desafiar a su otrora líder: a López Obrador.
Y es que cuando Alejandra Barrales promovió la expulsión de Miguel Barbosa de la coordinación parlamentaria del PRD en el Senado, en realidad se enfrentó a López Obrador, quien incluso la llamó en la plaza pública para que ella y el PRD “dieran el paso” y se colocaran al servicio de Morena.
El “misil” lanzado contra Alejandra Barrales no es otra cosa que una venganza contra la presidenta del PRD, a quien pretenden tirar los poderosos intereses que buscan la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Es decir, se trata de desprestigiar a Barrales, porque tiene posibilidades reales de ser candidata del PRD a la CdMx; ambición legítima que el propio Miguel Barbosa “denunció”, como si se tratara de un delito.
Y si tienen dudas del tamaño de las venganzas de algunos políticos mexicanos, vale recordar la venganza que AMLO, Morena y el “lopezobradorismo” lanzaron contra Antonio Tizapa, padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, quien cometió el “pecado capital” —igual que Barrales— de confrontar a AMLO y exigirle una explicación por sus vínculos con los Abarca. La persecución contra Tizapa fue criminal, en redes y medios afines a AMLO.
Otro ejemplo es la venganza política lanzada contra el ex gobernador interino de Veracruz Flavino Ríos, a quien el gobernador Miguel Ángel Yunes envió a prisión en un cuestionable proceso penal. También el ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina es perseguido por Jaime Rodríguez, El Bronco, en otro proceso notoriamente amañado.
Lo curioso es que igual que el viejo PRI, los supuestos próceres del cambio —AMLO y El Bronco, entre otros—, confirman que de llegar al poder iniciarán una “cacería de brujas” contra todo aquel que cometa “el pecado” de disentir, cuestionar y señalar. Es decir, venganzas propias de dictadores.
Al tiempo.