Los 45 restos hallados en una fosa en Cuautla, Morelos, fueron reinhumados hoy. Foto: Cuartoscuro
CUERNAVACA, MORELOS
Jorge Arturo Olivares Brito presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), aseguró que existe otra fosa común en el municipio de Xochitepec donde la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) depositó los restos de personas no identificadas, que fueron encontradas en varios puntos de Morelos.
Al respecto precisó: "nosotros seguiremos insistiendo con las autoridades municipales y con la fiscalía, a efecto de que pronto podamos tener focalizado la dimensión del problema, porque debemos entender que no solamente es en el municipio de Cuautla, específicamente Tetelcingo, que no tan sólo es Jojutla, que ya sabemos también que en el caso de Xochitepec hay también otra fosa".
Pidió a los ayuntamientos informar a la CDHEM sobre el número de fosas que existen en los panteones de sus municipios y crear protocolos para la autorización de inhumaciones a la fiscalía.
Y es que, tanto en los casos de Tetelcingo y Jojutla, salieron a relucir discrepancias en el número de cuerpos sepultados, pues mientras la fiscalía registró un número inferior, en las actas de cabildo el número era superior.
Lamentó las graves irregularidades que salieron a luz durante las diligencias en la fosa común de Jojutla, donde la FGE originalmente tenía registrada la inhumación de 35 cuerpos, pero fueron extraídos hasta el sábado un total de 45 y, al remover la tarima que suponía era el fondo de la fosa, se descubrió que había todavía más cadáveres debajo.
El ombudsman dijo que insistirá en obtener de las autoridades el número total de fosas comunes en la entidad, pues "esta interrogante la tiene que responder no solamente la fiscalía sino también los municipios, que conocen de estos temas”.
La Comisión a su cargo dijo, mantendrá permanentemente en su agenda el tema de las fosas, porque no es un asunto que se limita a los casos de Tetelcingo y Jojutla ni se limita a la FGE, y confirmó que en Xochitepec existe una fosa más, donde la fiscalía depositó cuerpos de personas no identificadas.
Además pidió a los ayuntamientos crear protocolos para autorizar a la fiscalía la inhumación de cuerpos no identificados o no reclamados.
Por lo pronto, señaló que el organismo está en condiciones de solicitar la intervención del Congreso ante la omisión reiterada de la FGE de informar sobre el número de fosas comunes, donde en los últimos cinco años se depositaron cuerpos no identificados, como se pidió en la recomendación 190/2015-2.
Ese recurso fue derivado de la queja iniciada por María Concepción Hernández, madre del comerciante Oliver Wenceslao Navarrete, secuestrado y asesinado en 2013, y posteriormente inhumado en una fosa de Tetelcingo por la fiscalía a pesar de estar reconocido y reclamado por su familia.