:Que a propósito de la falsa especie de anoche sobre que Mario Aburto Martínez, quien purga sentencia carcelaria por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en un penal de Huimanguillo, había sido trasladado a un hospital por un deterioro de su salud, lo que sí es cierto es que el único padecimiento que arrastra el reo es una hernia lumbar.
También es real que fue otro preso del mismo penal el llevado a revisión médica, lo que generó la confusión.
:Que a quien no le causó gracia la designación de Dania Paola Ravel Cuevas como la consejera del INE designada por el PRI fue al coordinador del PVEM, Jesús Sesma, pues cuando conoció el acuerdo en el que no apareció su favorito, Flavio Galván, ex presidente del TEPJF, no dudó en encarar al vicecoordinador priista, Carlos Ramírez Marín, y a otros por largo rato y hasta levantó la voz en el salón de sesiones.
Pero, dicen, este cambio repentino se debió a que las legisladoras del tricolor se impusieron para que fuera una mujer la elegida.
:Que el fiscal para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Nájera, está en la mira del Poder Legislativo, pues los diputados Brenda Velázquez, Candelaria Ochoa y Carlos Lomelí acusaron al funcionario de “plantar” a la Comisión Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, no obstante haber confirmado asistencia.
Incluso el PRI advirtió que los funcionarios del gobierno federal deben respeto al Congreso y por ello se acordó turnar las quejas contra el funcionario a la Junta de Coordinación Política para actuar en consecuencia.
:Que ya empezaron a saltar los peros sobre los 23 aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción, después de que comisiones unidas del Senado emitieran su dictamen de elegibilidad, y algunos como César Alejandro Chávez, Bernardo Espino del Castillo y Miguel Ángel González Félix salieron algo raspados por su pasado en la PGR, pues se les señala desde “conflicto de intereses” hasta “bajo perfil” y “cabilderos impresentables”.
Y aunque algunos legisladores expresaron reservas sobre Manuel Luciano Hallivis Pelayo, magistrado en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otros le reconocen su experiencia en la materia en cuestión, sobre todo en sanciones a servidores públicos.