Como el famoso pescado que se prepara en la costa de Nayarit, la política mexicana se está zarandeando con el caso del fiscal Edgar Veytia, que resultó todo un capo del narcotráfico que con la cobertura política de la Fiscalía General del Estado manejaba desde esa institución un millonario negocio de producción y tráfico de drogas. Y en una clara muestra de la narcopolítica imperante en estados y regiones del país, el funcionario utilizaba la fuerza pública y la procuración de justicia para eliminar adversarios de otros cárteles e imponer en el estado una “paz narca”, elogiada, reconocida y hasta premiada en su momento por su jefe, el gobernador Roberto Sandoval, por personajes de la sociedad civil como Isabel Miranda de Wallace, quien dio un “Reconocimiento” público al narcofiscal, y hasta por el gobierno federal y el presidente Enrique Peña Nieto, que hace apenas un mes ponía a Nayarit y a su narcoprocurador como “ejemplo” a nivel nacional en el “combate” a la inseguridad.

“Sí es cierto, todavía tenemos importantes retos en algunas partes del país en materia de seguridad. Sí es cierto que en algunas regiones muy específicas hemos visto que se ha revertido una tendencia a la baja que llevamos en materia de seguridad… Pero Nayarit es una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en materia de seguridad”, dijo el 21 de febrero pasado cuando visitó el estado para inaugurar una libramiento carretero en Tepic, junto al gobernador.

Peña estuvo en la capital de Nayarit 12 días después de que la Marina eliminara en un enfrentamiento armado, en el que utilizó un helicóptero artillado, a varios integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos El H2 Juan Francisco Beltrán Leyva, cabeza de ese grupo en la entidad. Y ahí el Presidente elogió las cifras oficiales presentadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública por el fiscal Edgar Veytia —a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de ser un “narcotraficante en gran escala” y señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— y las puso como muestra de los “resultados” obtenidos por su estrategia de seguridad en el país: “En 2012 el número de homicidios registrados por cada 100 mil habitantes, que es el principal indicador, es como tomarle la temperatura con un termómetro a la seguridad de un lugar, aquí había 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y este indicador se ha reducido a que en 2015 se registraron solamente 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, una disminución de más de 50% del nivel de inseguridad que se vivía en Nayarit, esos son resultados”, presumió Peña.

Hoy se sabe que como parte de su trabajo como cabeza del CJNG en Nayarit, el procurador nayarita Edgar Veytia, que en los últimos cuatro años producía y traficaba heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana —según afirma el fiscal Robert Capers, de la Corte federal de Nueva York, justo el mismo que lleva el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán—, efectivamente mantenía una “aparente calma” en el estado y que en sus reportes al gobierno federal, vía el Secretariado Técnico del SNSP, simulaba una disminución de homicidios dolosos cometidos, cuando en realidad hacía una “limpia” de los cárteles enemigos, entre ellos el de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, lo cual explica la aparición frecuente de cuerpos en las ciudades nayaritas que, sin embargo, no siempre entraban a los conteos oficiales. Es decir que, efectivamente, el presunto narcofiscal mostraba un estado supuestamente “en paz”, cuando lo que realmente hacía era tranquilizar y enfriar la plaza para poder operar, utilizando los recursos y las policías estatales desde la misma Fiscalía estatal, el tráfico de estupefacientes “a gran escala”, al grado que la jueza Marylin G. Do, de la Corte de Brooklyn, autorizó un decomiso de 250 millones de dólares en bienes y propiedades, dentro de la fortuna que presuntamente habría amasado Veytia como capo del negocio del narcotráfico.

¿Fue Peña Nieto engañado y seducido por las cifras oficiales para exaltar y presumir la labor de un procurador que era también operador del narco? ¿Nunca supieron el Cisen, ni la inteligencia de la Marina y el Ejército a quién apoyaban con operativos en tierras nayaritas contra otros cárteles como los Beltrán Leyva, mientras desde la Fiscalía estatal operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación? Porque Edgar Veytia asistió muchas veces, en casi seis años, a la Conferencia Nacional de Procuradores, donde el gabinete de seguridad define junto con las procuradurías estatales y sus titulares las estrategias del combate al crimen organizado. ¿Sabían todas las áreas federales que entregaban información estratégica y confidencial, hasta de seguridad nacional, al dirigente de un cártel? Si lo sabían el tema es en extremo delicado, porque supone complicidades al más alto nivel, y si no lo sabían es aún peor, porque supone incompetencia mayúscula.

Tal vez el caso del narcofiscal sea un elemento para entender por qué el CJNG y su “escurridizo” líder Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho —a quien las fuerzas federales no han podido atrapar en varios operativos fallidos porque, supuestamente, se esconde “en zonas altamente pobladas” de la Sierra sur de Jalisco— se han convertido en corto tiempo, y en lo que va del sexenio, en una de las organizaciones criminales que más fuerza ha cobrado y que ha extendido su presencia y su poderío en casi toda la República; desde Michoacán, donde desplazaron a Los Templarios con apoyo de autodefensas y operativos federales, hasta plazas importantes de organizaciones más antiguas como el Cártel de Sinaloa, del Golfo y hasta a los Arellano Félix. ¿Será que el Jalisco Nueva Generación, con sus cabezas incrustadas en instituciones como la Fiscalía nayarita, es el cártel del sexenio?

 

La zarandeada política. Y si la detención de Edgar Veytia sacude el tema del combate gubernamental a las drogas y la política de seguridad local y federal, también en la política las repercusiones han ido en aumento. A los casos de Jaime Rodríguez El Bronco, que ya confesó su amistad con El Diablo, que tanto se dijo durante su campaña que era su principal financiero —aunque más bien se trataba de Veytia y no el empresario regio José Antonio El Diablo Fernández— y al de Hilario Ramírez Layín, que también era financiado con recursos del fiscal hoy detenido, se van sumando nombres, nexos y personajes en esta red de complicidad entre el narco y la política.

Por ejemplo, el periodista Ramón Alberto Garza revela en su videocolumna Que alguien me explique de su portal digital Código Magenta, que quien presentó a Edgar Veytia con Jaime Rodríguez fue el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y que éste mismo fue después el vínculo para que el narcofiscal financiara la campaña del independiente, cuando el ex gobernador priísta de Nuevo León, Rodrigo Medina, le pidiera ayuda a su colega Sandoval. Según Garza, Medina, ante el temor de que el PAN le ganara la gubernatura del estado en las elecciones de 2015 y para tratar de levantar a su candidata Ivonne Alvarez, le pidió a Veytia que entrara a apoyar y a financiar, con dinero y asesores, la campaña de El Bronco, que al final arrasaría a todos los partidos, incluido el PRI de Medina. De hecho, Ramón Alberto afirma que varios de los “estrategas” que el fiscal de Nayarit le envió a Rodríguez durante la campaña, fueron contratados después por el actual gobernador y trabajan actualmente en las áreas de seguridad y procuración de Nuevo León, luego de que El Diablo Veytia rechazara el ofrecimiento de convertirse en el procurador nuevoleonés y prefiriera quedarse en Nayarit, pero meter a varios cercanos suyos en el gobierno de Jaime Rodríguez.

Esos son solo apenas los primeros nombres que afloran en la red política de Veytia, pero las investigaciones en la Corte de Nueva York todavía no se conocen en su totalidad. Si El Chapo Guzmán está detrás de los datos que sustentaron esas investigaciones y la orden de aprehensión contra el “hombre fuerte” de Nayarit, es de esperar que la danza de nombres siga. Y como el pescado que hace las delicias de la cocina del Pacífico, muchos políticos, narcos y narcopolíticos más terminarán zarandeados y cocinados, ya sea por colusión, omisión o supuesta candidez ante el narcofiscal que está sujeto a juicio en Estados Unidos.

 

Notas indiscretas… Y hablando de zarandeadas y sacudidas por el narcotráfico, en Sinaloa, en medio de la cruenta guerra intestina que libran los grupos y facciones del Cártel del Pacífico por el control de actividades y territorios de la organización, el gobernador Quirino Ordaz Coppel logró que le aprobaran en el Congreso local una iniciativa que reduce de 40 a 30 el número de diputados y de 233 a 153 el total de regidores en los 18 municipios del estado. La reforma a la Constitución sinaloense, aprobada por mayoría, establece que los 10 diputados menos se aplicarán hasta 2021, mientras la reducción de regidores ya entra en vigor en las elecciones municipales de 2018. Así que en medio de la violenta guerra de los narcos sinaloenses, en la que el gobernador Quirino de plano mira para otro lado, al menos hay reformas políticas… Con su anuncio anticipado de que el lunes finalmente renunciará a su militancia del PRD para integrarse de lleno al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el senador Miguel Barbosa terminó de quemar sus naves, que comenzaron a arder cuando encendió la mecha que dinamitó a un debilitado PRD con aquel apoyo público al tabasqueño. Barbosa sabe que ya no había futuro ni para él ni para el PRD como opción y, aunque en apariencia perdió la batalla por la coordinación, al final termina ganando porque se reinventó como político y ahora tendría un nuevo horizonte futuro en Morena. Un horizonte que tiene destino y fecha puntuales: Puebla 2018. ¿Llegará Miguel Barbosa a ese destino en la nueva nave morenista?... Dados rodando. Doble Serpiente. Semana de contrastes.