Al respecto, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), puntualizó que la ley que busca dotar de un marco jurídico la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no implica, por sí misma, la solución a los problemas de violencia que vive el país.
Durante el informe de actividades del ombudsman nacional, Peña Nieto puntualizó que un país sin leyes ni instituciones fuertes “es un país vulnerable”.
La Ley de Seguridad Interior, dijo, “es un tema relevante, porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas, mejorando el orden legal de protección a los derechos humanos”.
Reconoció a estas instituciones por “asumir la protección de la sociedad frente a la violencia del crimen organizado”.
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, subrayó que “la mejor” manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley, y que para que esto suceda se requiere de instituciones fuertes.
“La impunidad lastima y violenta a la sociedad; erosiona nuestros valores compartidos y mina la convivencia pacífica entre los mexicanos. Un país sin leyes e instituciones fuertes es un país vulnerable, desprotegido frente al delito y la violencia. De ahí la necesidad de que sigamos fortaleciendo las instituciones y el marco jurídico”, subrayó.
Peña Nieto afirmó que su gobierno ha respondido las recomendaciones de la CNDH, ya que su compromiso con el respeto a los derechos humanos “es firme e indeclinable”.
Entre los temas que resaltó del contenido del informe de la CNDH, estuvieron las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas; la desaparición forzada, los derechos humanos de migrantes; la defensa de niños y adolescentes, y asumir como estrategia prioritaria y permanente que las mujeres pueden ejercer su derecho a una vida libre de violencia.
OPINIÓN DISTINTA
Frente al mandatario federal, González Pérez señaló que la participación de las fuerzas armadas en actividades vinculadas a la seguridad pública no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la Ley de Seguridad Interior.
Opinó que la existencia de un marco normativo que regule las tareas que con carácter extraordinario realiza el Ejército desde hace más de 10 años, “no implica, por sí misma, la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que el país enfrenta”.
Consideró que esta ley requiere de una discusión amplia, plural, informada e incluyente que aborde integralmente la situación que enfrenta México, además de sus consecuencias negativas y positivas.
Informó que en 2016 se emitieron 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades lo que significó un aumento de 20 por ciento frente a lo registrado en 2015.
La lista la encabezan el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con 15 recomendaciones; la Secretaría de Marina, con siete; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, con 6 casos, respectivamente, además de la Secretaría de la Defensa nacional, con cinco recomendaciones.