No, esa tentación demencial de callar a los periodistas y cancelar la crítica también se da en México —y de manera creciente en Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Oaxaca—, donde no solo son asesinados periodistas, sino que aparecen casos de censura oficial, al más puro estilo de Nicolás Maduro.

Y un caso emblema ocurrió en Tamaulipas, donde por orden del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, el Congreso local aprobó —por unanimidad de todos los partidos— reformas al Código Penal estatal, que prohíben la elaboración y difusión de memes que se burlen del gobierno y sus funcionarios.

El 23 de marzo, la presidenta del Congreso local, de Tamaulipas, Leticia Gerardo Hernández, recibió el oficio SGG/240/17, que proponía reformas a los artículos 207 y 189, del citado código, las cuales prohíben la difusión de imágenes en redes sociales con el fin de dañar o desprestigiar a funcionarios de la administración panista o a sus instituciones.

La diputada Gerardo Hernández no explicó el origen y alcance de las reformas que, sin embargo, fueron aprobadas por todos los diputados de todos los partidos del Congreso.

Dice la locuaz reforma al 207 del Código Penal: “Al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada se le impondrá una sanción de dos a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad Media de Actualización”.

Las penas elevarán un tercio cuando el delito se cometa contra instituciones o servidores públicos. Además, la reforma al artículo 189 define “ultraje” como “toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas, que puedan implicar ofensa o desprecio”. Además, el artículo 171 prohíbe a ciudadanos y periodistas difundir imágenes en tiempo real de choques de la fuerza pública con el crimen organizado.

Es decir, por decisión del gobernador panista de Tamaulipas, el Congreso canceló libertades fundamentales consagradas en el artículo 6º constitucional.

Y no, no es exagerado decir que Nicolás Maduro vive en Tamaulipas y que es panista. ¿Por qué?

Porque la cancelación de libertades básicas —como en Tamaulipas— dio inicio a la dictadura que hoy vive Venezuela. ¿Esos gobiernos propone y defiende Ricardo Anaya?

Al tiempo.