Cd. de México (03 abril 2017).- La PGR solicitó a la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, información de los recursos financieros de familiares y amigos de Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo.
La Procuraduría tiene en la mira una red que se presume lavó recursos para el ex Mandatario, en la compra de 24 terrenos.
Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la Carpeta de Investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, en la que Borge es el primer objetivo, informaron fuentes federales.
Se investigan las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Mandatario estatal; Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.
Así como Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador.
Las empresas investigadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios de ganga son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V. y Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V.
También la Inmobiliaria Maltico S.A. de C.V. (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.
La indagatoria inició luego de la denuncia que interpuso el actual Gobierno de Quintana Roo, encabezada por Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del IPAE.
Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión aproximada de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de 5 mil millones de pesos, fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero.
Las autoridades consideran que al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta y que prácticamente todos fueron subvaluados y rematados a familiares y miembros del círculo cercano de Borge.
El personaje que más terrenos adquirió es el empresario Santiago Samuel Jiménez, con 10 de los 24; le sigue Méndez Montoya, con 5 inmuebles y la madre del ex Gobernador, con 4.
Ninguno de los bienes indagados está a nombre de Borge.
Una línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Roberto Borge es el presunto lavado de dinero en una empresa naviera que controla una parte de los ferrys de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.
Se trata de la empresa Barcos Caribe, que operan María de Lourdes Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada convirtió a los dueños de la naviera en blanco de sus pesquisas pues, sin una solvencia económica previa, aparecieron como prósperos empresarios en un giro económico muy costoso.
La compañía fue constituida por González Hermosillo el 22 de junio de 2012 y de entonces a la fecha ha adquirido embarcaciones valuadas en varios millones de dólares.
En diciembre de 2014, la compañía recibió la autorización de la Dirección General de Marina Mercante para el transporte de pasajeros y el Congreso del estado le amplió de 15 a 50 años un permiso para instalar un módulo de venta de boletos e información turística.
En noviembre pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente el módulo de venta de boletos de Barcos Caribe en Playa del Carmen, por carecer de los permisos para operarlo.
La empresa ha litigado contra la clausura y, hasta donde se tiene noticia, la PGR no ha asegurado la empresa.
La clausura del local ocurrió el 9 de noviembre, luego de que durante una inspección la naviera no exhibió la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Semarnat para acreditar la operación del módulo.