“¡Ya es prófugo de la justicia… por el delito de peculado…!”, dijo a gritos el gobernador Corral, quien en ese caso sí proporcionó detalles de la “averiguación previa” y hasta se aventuró a dar “santo y seña” del lugar donde podría estar escondido “el otro” Duarte; detalles que negó en el caso de la periodista asesinada Miroslava Breach.
Lo cierto, sin embargo, es que la “cacareada” persecución del ex gobernador de Chihuahua y hasta la ficha roja solicitada y emitida por Interpol parecen más un grosero montaje “engañabobos” que un acto de justicia. ¿Por qué?
Elemental, porque a pesar de que Duarte pudiera ser detenido en cualquier momento y en cualquier parte del mundo —y pese a que todos los jueces mexicanos pudieran negarle un amparo—, no pisará la cárcel. ¿Por qué?
Porque el de “peculado” no es un delito grave y, por tanto, un eventual juicio penal contra Duarte se llevaría a cabo con el acusado fuera de prisión. Es decir, al momento de la detención de Duarte no se cumplirá la promesa de Corral de “llevarlo a prisión”.
Además, no hay duda que el ex gobernador César Duarte es uno de los grandes pillos de la clase política mexicana —y por ello el PRI lo expulsará de sus filas en breve—, pero también es cierto que la orden de aprehensión girada por el gobierno de Corral es un procedimiento mal hecho, elaborado más bien con fines políticos —para desviar la atención por el mal gobierno de Corral—, y que resultará en otro grosero insulto a los ciudadanos.
Y es que si Corral quisiera llevar a prisión a Duarte —más allá del circo mediático—, la procuraduría estatal debió integrar un expediente que acreditara delitos graves, como lavado de dinero, que son causal de prisión. Y las pillerías de Duarte dan para ese y otros delitos aún mayores.
Lo cierto es que el de Corral en Chihuahua es un gobierno de ocurrencias, de reflectores y afanes mediáticos. Pero la realidad pronto exhibió que en la democracia mexicana no hay lugar para los gobiernos de utilería, como el de Corral. ¿Por qué?
Porque en sus afanes espectaculares y de reflector, el gobernador Corral rompió con la prensa crítica de Chihuahua —prensa a la que acusó de corrupta y a la que lanzó a los leones en la plaza pública—, al grado de que el crimen organizado entendió que los periodistas de Chihuahua no serían defendidos por el Estado.
Es decir, que si el gobernador de Chihuahua pendejeó a la prensa que lo cuestionaba y que le brindó todos los reportajes para exhibir las trapacerías del ex gobernador Duarte, el crimen organizado se encargó de matar a esa prensa; matar a periodistas como Miroslava Breach y matar a diarios como Norte de Ciudad Juárez, que ayer cerró sus puertas ante las amenazas criminales y la negativa del gobierno de Corral, de asumir las deudas del gobierno anterior.
Y es que en su editorial de despedida —del 2 de abril de 2017—, Norte de Ciudad Juárez no solo denuncia que el cierre del matutino se debe a que “no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”, sino que “el irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno también nos orilla a tomar ésta decisión, ante la soberbia negativa de pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios”.
Dicho de otro modo, que Norte de Ciudad Juárez —sus directivos, periodistas y trabajadores, en general—, no cuentan con el respaldo de las instituciones estatales que garanticen el desempeño de una de las libertades fundamentales en democracia, la libertad de expresión. Pero además, el gobierno de Javier Corral se negó a pagar los adeudos de su antecesor, César Duarte.
No entiende el señor Corral que un gobierno estatal es una institución del Estado mexicano que, al contraer compromisos económicos, éstos se deben pagar, más allá de que el gobierno sea del PRI o del PAN. No entiende que los recursos económicos no son de Javier Corral, sino de los ciudadanos, y que los adeudos a una empresa editorial se deben pagar por ley, no por capricho.
Pero lo más reprobable es que Javier Corral fue, en su momento, uno de los más rabiosos defensores de la señora Carmen Aristegui, cuando una empresa privada la despidió. Entonces, Corral acusó al Estado de atentar contra la prensa y contra la libertad de expresión. Hoy que Corral es gobernador, estimula las agresiones y hasta el crimen contra periodistas y decreta la muerte de diarios como Norte de Ciudad Juárez.
Ese es el PAN fascista que estimula y defiende Ricardo Anaya.
Al tiempo.