Líderes del PRD y Morena defendieron la inclusión de las organizaciones sociales en la nueva Ley de Vivienda. Crónica documentó este lunes el proceder de estas agrupaciones, ahora legales, que hacen participar a ciudadanos en manifestaciones y marchas a cambio de acceder a créditos oficiales para adquirir una casa de interés social.
Para Raúl Flores, presidente del sol azteca capitalino, estas agrupaciones trabajan para satisfacer la necesidad de vivienda y no hay lucro en lo que hacen. Coincide con el morenista, César Cravioto, ya que ambos aseguran que este tipo de agrupaciones no deben estigmatizarse por su forma de ofrecer vivienda.
Ivan Texta, también perredista, aduce que estas organizaciones existen de toda la vida. No hay motivo para criticar su ascenso a la legalización.
SON NECESARIAS. “Como dirigente del PRD me ha tocado apoyar al movimiento urbano popular en este tema de los proyectos de vivienda para conseguirlos, para hacerlos validar. En términos de una demanda social, claro que el PRD tiene que estar en medio”, dijo Raúl Flores en entrevista con Crónica.
El ex delegado de Coyoacán acuso a Martí Batres, presidente de Morena en la CDMX, de ser uno de los políticos que “más ha lucrado con los temas de vivienda”.
Refirió que hace algunos años Batres estuvo involucrado en temas legales por despojo a través de su organización, Benita Galeana.
Aún así, “no se puede culpar al movimiento urbano popular en esta lucha porque es una necesidad; no estaría a favor de estigmatizar a aquellos que están luchando por tener una vivienda”, aseveró.
VIVIENDEROS CUMPLEN. En tanto que César Cravioto, líder de la bancada morenista en la ALDF, dijo que las organizaciones sí deben cumplir con una serie de medidas que se encuentran en el Reglamento Interno del Instituto de Vivienda.
El diputado local comentó que la lucha de vivienda no tiene que ver con ningún partido, sino con un movimiento relacionado a un proceso histórico que surgió luego del terremoto de 1985, en el que la sociedad exigió que hubiera recursos para vivienda.
“Pensar que las organizaciones de vivienda pertenecen a tal o cual partido es desconocer los procesos históricos”, argumentó.
El militante del partido de López Obrador aclaró que “es obligación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México satisfacer las necesidades tanto de personas que llegan en lo individual a solicitar una vivienda como a las organizaciones de vivienda que hacen gestión”.
Cravioto comentó que no se debe colocar un sello a estas organizaciones.
DE TODO EN LA VIÑA... Al respecto Iván Texta, diputado local perredista, argumentó que las organizaciones sociales no dependen de ningún partido político.
Dijo que no todas lucran, pero reconoció que hay algunas involucradas en asuntos políticos.
“La ley contempla ciertas situaciones. El tema de cómo se manejan las organizaciones vivienderas nada tiene que ver con ahorita, existen de toda la vida. El asunto es que es más fácil manejar organizaciones para el instituto porque cuando la gente es sola, es más difícil realizar tanto trámites como compras”, explicó.
“Cada organización trabaja diferente. Hay organizaciones que trabajan un tema de lucro y hay otras que se dedican a ver el tema político. Cuando te dicen yo te doy una vivienda, pero tienes que marchar, depende de la organización, ya que sus trabajos no están regulados”.
“Hay un problema, cuando va un grupo de personas la vivienda tarda entre tres años, pero cuando va alguien solo, se tarda uno siete u ocho años”, finalizó.