En entrevista con MILENIO, el penalista Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol-México, y quien estuvo encarcelado porque fue acusado con pruebas falsas de estar ligado al narco, dijo que la utilización de los testigos colaboradores se “distorsionó”.
“Nació como una herramienta de investigación, pero fue utilizada como moneda de cambio con miembros de la delincuencia organizada, donde a cambio de beneficios se obtuvieron declaraciones sobre hechos nunca investigados; esas declaraciones no se sostuvieron ante los jueces federales.
“Los testigos colaboradores colapsaron ante el ejercicio de la contradicción, y ahora me pregunto: ¿dónde están los que le mintieron al Ministerio Público federal? ¡Libres, al darles el beneficio de la impunidad sin corroborar sus dichos!”, expresó.
Al comienzo de la presente administración, cuando Jesús Murillo fue nombrado titular de la PGR, la institución decidió depurar el número de testigos, ante la cifra de casos que fracasaron en juzgados, como el de los generales y agentes de la procuraduría y la Policía Federal acusados de narcotráfico, donde se demostró que los testigos mintieron.
En 2015, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardaban los testigos protegidos de dicho programa.
Como resultado de este análisis, el comité decidió dar de baja a tres de los 14 testigos.
En 2014, la primera sala de la Suprema Corte ratificó que es constitucional la mayor parte de los artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos la colaboración de testigos protegidos en investigaciones que realiza la PGR.
De acuerdo con información de la PGR, en 2013 se invirtieron 19 millones 919 mil 335 pesos para mantener, dar protección y alojamiento a testigos colaboradores. En los primeros seis meses de 2014, se gastaron 11 millones 781 mil 617 pesos.
Mientras que en los 12 años en que gobernó el PAN, es decir con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, la PGR gastó más de 178 millones 261 mil 615 pesos.
El número más bajo de testigos que ha tenido la dependencia federal fue de 27, en 2000; el registró más alto se documentó en 2012, con 65.
En 2001, la PGR tuvo 35 testigos colaboradores; en 2002, 42; en 2003, 39; en 2004, 44; en 2005, 48; en 2006, 43; en 2007, 50; en 2008, 57; en 2009, 61; en 2010, 43 y en 2011, 60.
La PGR documentó que en 2001 y 2002, los testigos registraron el menor, ya que sólo invirtió, para mantenerlos, 2 millones 397 mil 627 pesos y cinco millones 823 mil 927 pesos, respectivamente.
La figura de testigo colaborador, comúnmente llamada testigo protegido, es una de las más polémicas, porque en el sexenio pasado varios inocentes fueron llevados a prisión por los dichos de estas personas.
PIDEN PONER COTO
Legisladores de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados cuestionaron el abuso de la utilización de testigos protegidos para subsanar deficiencias de las investigaciones ministeriales y formular acusaciones sustentadas en dichos de criminales dispuestos a mentir, a cambio de alguna prebenda.
El priista Francisco Ramírez, así como los perredistas Waldo Fernández y Arturo Santana, coincidieron en la necesidad de acotar el uso de testigos protegidos como El Pitufo, que lo mismo aparece como principal acusador en el caso contra Tomás Carrington, que haciendo imputaciones al general Tomás Ángeles Aduanare, liberado y exonerado tras ocho meses en prisión, al comprobarse la falsedad de los testimonios.
En tanto, los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, Pilar Ortega y Alejandro Encinas, exigieron a la PGR utilizar todos los instrumentos del nuevo sistema de justicia penal para evitar que se le caiga el caso Yarrington, con la utilización un testigo tan descalificado como El Pitufo, al señalar que se ha abusado de los testigos protegidos por falta de información e inteligencia.
EXIGEN EXPLICACIONES
El PAN pidió a la PGR explicar cómo está utilizando a los testigos protegidos en casos de delincuencia organizada para combatir los posibles riesgos tanto de que un caso pueda no prosperar precisamente por los testimonios de personas que presuntamente conocieron de actividades delictivas de inculpados, como para no inculpar a gente que no es responsable.
El vocero panista, Fernando Rodríguez, apuntó que la autoridad debe ser muy cuidadosa al vincular a determinadas personas con el crimen organizado, porque hay gente que “sí es delincuente”, como Yarrington, pero ciertamente han existido otros casos en los que se incrimina a quien no es responsable.
Con información de: Fernando Damián, Angélica Mercado y Jorge Almazán.