Cuauhtémoc acusa a Graco de corrupto y promete encarcelarlo; Graco acusa a Cuauhtémoc de delincuente y lo relaciona con un asesinato: quiere encarcelarlo. En Morelos se acabó el diálogo político, lo que vemos es un duelo de cabrones en donde ninguno responderá por un chipote con sangre.
El enfrentamiento entre el gobernador de Morelos y el alcalde de Cuernavaca ya no es político, es personal. El nivel al que ambos han llevado sus diferencias es muy peligroso y sumamente dañino para los ciudadanos. Cuauhtémoc Blanco ha llamado corrupto al tabasqueño y promete meterlo a la cárcel si gana la elección del 2018; Graco Ramírez acusa al tepiteño de proteger delincuentes y de estar coludido con la delincuencia organizada; lo quiere meter a la cárcel ahora. No hay manera de que las cosas salgan bien en esta historia.
Morelos es muy chico para el ego de estos dos personajes. Uno, el perredista, actúa como emperador, gobierna a distancia, humilla, agrede, persigue y espera que todos acepten sin chistar sus ocurrencias. El otro es una diva: no gobierna, delega sus responsabilidades y aprovecha cualquier ocasión para irse de la ciudad.
Ambos personajes elevado sustancialmente sus ataques; de un lado se utiliza el poder del estado para tratar de destituir al edil: operaron en el Congreso, influyeron en el Poder Judicial y ahora se mueven a través de la Fiscalía. El objetivo de fondo no es encarcelar al futbolista, sino inhabilitarlo legalmente para participar en las elecciones del 2018. Acusarlo de asesino (sin pruebas) es demasiado.
Del otro lado también juegan fuerte: Blanco aprovecha su popularidad para golpear al gobernador, le llama corrupto y le achaca todos sus males. Al alcalde capitalino, cuentan, lo protegen desde la Secretaría de Gobernación y le ayudan en la Suprema Corte; ahora que es señalado por el asesino del empresario de la Feria de la Primavera y se habla de que podrían liberar una orden de aprehensión en su contra, no sorprendería que la PGR atraiga el caso.
El duelo entre estos dos personajes es algo nunca antes visto en estas tierras; la personalidad de ambos es muy parecida, de ahí las múltiples acusaciones, sus reacciones y amenazas. Lo peligroso es que sus diferendos han superado los niveles de lo racional y comienzan a volverse peligrosos para todos los involucrados. Unos y otros están utilizando los elementos a su alcance para atacar y no parecen tener límites en su intento de destrozarse.
La belicosidad de ambos ya generó nerviosismo en la clase política; actores de uno y otro lado no saben que vendrá más adelante y advierten que desde hace tiempo se cruzaron los límites de lo institucional. Al perredista lo mueve un rencor personal y el miedo de que el otro pueda ganar las elecciones y cumpla su promesa de encarcelarlo. Al futbolista le queda claro que el gobernador no se detendrá hasta sacarlo de la carrera electoral y que está decidido a aprovechar su popularidad como jugador para atacarlo políticamente.
La prudencia no aparece por ningún lado, por el contrario, cada día se notan más enfadados y dispuestos a cualquier cosa con tal de aniquilar al rival. Cuauhtémoc Blanco fue muy duro en su última entrevista con Ciro Gómez Leyva y el gobernador aprovechó el asesinato del empresario (¿casualidad?) para desviar la atención y poner al alcalde en el banquillo de los acusados.
Así es el diálogo político en Morelos: el alcalde llama corrupto al gobernador y éste le revira acusándolo de asesino.
Estamos frente a un juego de manos, propio de villanos.
- posdata
Para la clase política la detención de Javier Duarte es un mensaje muy fuerte. Algunos pensaban que nunca lo iban a atrapar con vida y otros suponían que existía un acuerdo institucional para que el ex mandatario no apareciera hasta después del 2018.
El veracruzano no es el único gobernador procesado en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Antes de él está Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes Rodrigo Medina, de Nuevo León; Guillermo Padrés, de Sonora; Tomás Yarrington, de Tamaulipas y Andrés Granier, de Tabasco; César Duarte, de Chihuahua y Roberto Borge, de Quintana Roo, están en la misma ruta.
El de Peña Nieto ha resultado ser es el sexenio más peligroso para los ex gobernadores. Todos los mandatarios que han concluido su gestión en los últimos dos años enfrentan problemas legales, están solventando conflictos administrativos, han huido del país, están amparados o de plano se encuentran tras las rejas. Ninguno hasta ahora puede presumir que se fue tranquilo del cargo.
La captura de Javier Duarte se enmarca en un escenario electoral, pero no es ajena a una dinámica que ha caracterizado a este gobierno a lo largo de 5 años. Por las razones que se quiera, pero como nunca estamos viendo a gobernantes que no se van tranquilos, que tienen que responder por sus actos y sufren en su séptimo año. Sea por revancha política o estrategia electoral, personalmente aplaudo que hoy los gobernadores no se van campantes.
Hay un dato interesante en las estadísticas: hasta ahora todos los políticos procesados pertenecen al PRI y al PAN, ninguno es del PRD; hace más de un año concluyó anticipadamente su gestión Ángel Aguirre (PRD) y hace unos meses lo hizo Gabino Cué (PRD); los dos han tenido que responder a sus actos como jefes del ejecutivo, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido encarcelado. Los próximos gobernadores perredistas que concluirán su gestión son Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez; los dos seguramente tendrán que rendir cuentas, pero quizá uno de ellos sea el que se sume a la lista de gobernadores encarcelados.
La pregunta es simple: ¿Cuál?
- nota
El costo político que al PRD acarrea el conflicto del gobernador con el alcalde capitalino es enorme. Como si no fuera suficiente el desgaste nacional y los conflictos locales, esta nueva batalla pone en muy mala posición al partido del Sol Azteca.
Las acusaciones que desde Estados Unidos hizo Graco Ramírez contra Cuauhtémoc Blanco son muy delicadas. El gobernador no esperó a que iniciara el proceso de ley ni respetó la secrecía que tiene una investigación; el tabasqueño se lanzó duro: acusó a Cuauhtémoc Blanco de estar ligado a la delincuencia organizada y volvió a enfocar sus baterías en contra del empresario Federico Figueroa.
Graco presumió en EU la seguridad del estado, dijo que el asesinato del empresario de la feria no fue producto de la casualidad y lo enmarcó en un escenario donde la víctima formaba parte también de un entramado perverso entre delincuentes y narcotraficantes.
El jefe del ejecutivo también habló la enorme inversión económica en materia de seguridad y los buenos resultados que se han logrado. Morelos es seguro, dijo en varias ocasiones… ¡y tenemos más de mil cámaras que vigilan y previenen la comisión de delitos! Las cámaras instaladas a unos pocos metros del lugar donde fue ejecutado el empresario, por cierto, no funcionaron, como ocurre cíclicamente en los delitos de alto impacto.
Puede ser que el gobernador tenga razón en sus acusaciones; es posible que tenga los elementos para afirmar que el empresario era delincuente, que el autor material es el hermano del cantante y que el alcalde está inmiscuido en acciones fuera de la ley. El problema es que Graco no aporta pruebas y su manejo de comunicación es tan malo que en lugar de generar reacciones positivas provoca reclamos y acusaciones.
Así han transcurrido cinco años de gobierno en Morelos; la mala imagen es resultado de tantas ocurrencias. Es por ello que al PRD le cuesta mucho estar en las calles y el proceso electoral del 2018 pinta muy complicado para ellos.
Es por este desgaste tan severo, dicen, que Graco Ramírez ha decidido dejar el cargo en unos meses más.
La única manera de recomponer algo el escenario, dicen, es que se vaya… Y la gente olvide.
- post it
En Morelos hay un personaje que por mucho tiempo estuvo fuertemente ligado al ex gobernador Javier Duarte; los medios de comunicación de aquel estado lo describen como uno de sus hombres de confianza, como su operador político y financiero.
Su nombre es Fernando Charleston, diputado federal, ex subsecretario de Finanzas y actualmente delegado del PRI en Morelos. El Duarte Boy, como lo retratan algunos periódicos veracruzanos, llegó a la tierra de Zapata con la encomienda de sacar al priísmo local del bache en el que se encuentra, pero el encargo le sirvió también para ocultarse del gravísimo problema financiero veracruzano, del cual él forma parte.
El gobierno de Veracruz debe responder a 15 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por engañar a la autoridad intentando ocultar faltantes de recursos públicos.
En todas las denuncias presentadas por la ASF se acredita que los funcionarios del gobierno de Veracruz que desviaron estos recursos realizaron movimientos bancarios, primero para simular la solventación de las irregularidades detectadas por la Auditoría y después para retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que pudieran acreditar el destino final de esos recursos.
La Auditoría Superior de la Federación ha rechazado proporcionar detalles sobre el estado de las 15 denuncias penales porque “la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez que se relaciona con el estado que guardan las Averiguaciones Previas iniciadas y presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante el Ministerio Público de la Federación”, pero uno de los funcionarios implicados en la investigación es Fernando Charleston Hernández.
Ya antes se comentó que el delegado del PRI en Morelos llegó a un acuerdo para evitar la renovación del partido; algunas voces, incluso, afirman que el veracruzano forma parte de una nómina secreta perredista integrada por varios actores políticos de todos los partidos.
Independientemente de ello, su pasado en Veracruz le inhabilita moralmente para impulsar una renovación y le exhibe como un representante de lo peor de la política que hay en México.
¿Quién puede confiar en el #DuarteBoy?
- redes sociales
La captura del Javier Duarte generó cualquier cantidad de expresiones en las redes sociales. Apenas unos minutos después de que se conoció su captura, los memes y las imágenes del ex gobernador con diversas personalidades de la política se multiplicaron y compartieron.
La caída de este personaje provocó reacciones diversas entre la gente; para algunos se trató de la clásica “cortina de humo” para desviar la atención de otros problemas, otros consideraron que se trata de una estrategia electoral del PRI ante la desesperación de perder el Edomex y unos más simplemente aplaudieron la caída de este nefasto personaje de la política. Todas las opiniones son válidas y todas, sin excepción, me parecen respetables.
Personalmente hay un aspecto que me parece destacable de esta situación: la presión social. La persecución y captura de Javier Duarte se puede colocar en el escenario que se quiera, pero veo sustantivo el reclamo popular para su captura. Las redes sociales se han convertido en un poderosísimo medio de expresión de la gente que obliga a los gobiernos y a los políticos a actuar de manera distinta a cómo lo hacían antes de que estas herramientas de comunicación existieran.
Duarte no es el primero ni será el último gobernador detenido por los abusos cometidos al frente de un gobierno. Tan sólo en lo que va de este sexenio se han procesado o encarcelado a varios ex mandatarios por delitos que van desde el peculado y la desviación de recursos, hasta los vínculos con la delincuencia organizada. La clave: la presión de la gente.
Volvamos la mirada hacia atrás, recordemos a políticos corruptos como Manlio Fabio Beltrones, Humberto Moreira, Carlos Romero Deschamps, Arturo Montiel, Fidel Herrera, Ángel Aguirre, Alejandra Sota, Genaro García Luna, Andrés Granier, Marcelo Ebrard… ¿Por qué no están presos? Porque la presión social no era tan fuerte y activa como ahora.
La diferencia entre estos personajes y los actuales es el ciudadano; hoy es más difícil que el gobierno pueda hacer oídos sordos a los reclamos sociales, es imposible que se contenga la información y resulta muy costoso proteger a políticos señalados desde la sociedad.
Si no fuera por la enorme presión social a través de las redes sociales, Duarte y los otros ex gobernadores perseguidos o encarcelados en el actual régimen seguirían libres.
El próximo paso de los tuiteros es salir a votar.
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