CIUDAD DE GUATEMALA.
La Policía Nacional Civil de Guatemala dio a conocer que la detención de Javier Duarte de Ochoa se logró hasta el sábado 15 del presente, debido a la falta de una orden de captura con fines de extradición por parte del gobierno mexicano.
El director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Ery Ramos y Ramos, indicó que fue una notificación verbal que hizo la Cancillería mexicana a su gobierno y fue como se empezó a gestionar y a ubicar al exgobernador de Veracruz.
La alerta indicaba que había un vuelo de avión desde la ciudad de Toluca con destino a Guatemala donde se pudo conocer que la familia de Duarte de Ochoa se reuniría con el hoy detenido.
“A partir de ese momento no se tenía una orden de extradición; es el día sábado cuando ya se determina el lugar donde ya se refugia la familia. Se tiene un avistamiento del señor Duarte que se gestiona ante el Ministerio Público y un juez en turno esa orden de captura con fines de extradición”.
Incluso, la información fue clasificada tipo “A”, y es así como la Policía Nacional empezó a mover sus estrategias de investigación en contra del exgobernador de Veracruz.
Asimismo, indicó que al momento de ser aprehendido Javier Duarte no se identificó con su nombre si no con otro, pero no logró engañar a la Policía Guatemalteca.
De hecho, la familia de Javier Duarte estaba con él cuando fue capturado y entre los familiares estaban sus hijos, pues se tenía información nada más de la presencia de esas personas. La intervención de la Policía Nacional se hizo en términos de ley, dijo.
Proceso
El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, ofreció la colaboración de su gobierno para agilizar la extradición de Duarte, mientras evalúa aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano.
El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con autoridades mexicanas, lo que permitió la localización y captura de Duarte el sábado pasado, cuando se ocultaba en un hotel del municipio de Panajachel, departamento occidental de Sololá.
Subrayó que el gobierno guatemalteco está listo para colaborar con su contraparte mexicana con el objetivo de agilizar el proceso y concretar en los tiempos y términos de la ley la extradición del detenido.
Morales consideró que se podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano, si se comprueba que el exgobernador Duarte adquirió propiedades en Guatemala.
Por otra parte, la fiscalía guatemalteca abrió ayer un expediente para investigar la red de personas que habrían ayudado a Duarte a movilizarse por Guatemala, donde estaba escondido de la justicia de su país.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, confirmó que el siguiente paso será escuchar la declaración del guatemalteco Juan Eduardo Barillas Canella, un hombre de 53 años cuya identidad salió a luz pública en días pasados por acusaciones de haber prestado sus propiedades a Duarte para refugiarse.
Aldana explicó que la fiscalía guatemalteca no sabía nada sino hasta el 15 de abril, cuando recibió de la Cancillería la solicitud verbal de la Procuraduría General de la República de México sobre la petición de extradición.
Red de apoyo
La PGR denunció el domingo que Duarte tenía una red de personas que le ayudaron a huir de su país y que le habrían provisto de domicilios, dinero, teléfonos, vehículos e incluso vuelos privados para mantenerse prófugo.
El tribunal Quinto de Sentencia que conoce la solicitud de extradición de Duarte fijó para hoy miércoles a las 13:30 horas la primera audiencia en la que el exgobernador será escuchado. Durante ésta, el mexicano podría allanarse a la solicitud y ser repatriado pero también podría informar si peleará la solicitud. Hasta el momento, Duarte no ha presentado ningún abogado, por lo que el tribunal le proveerá de uno de oficio.
Aldana dijo que la presentación del empresario fue voluntaria y lo hizo en la Fiscalía local del departamento de Sololá. La persona se presentó, indicando que quería hacer una declaración, en relación al lugar donde fue encontrado el señor Duarte, en consecuencia “di la orden de que se abriera un expediente para escuchar aquella declaración”.
Determinación
Dijo que de acuerdo con lo que haya dicho el empresario ante el Ministerio se determinará si procede a una investigación o no. Asimismo, no hay una investigación sobre la estancia legal de la esposa de Javier Duarte, ya que es esa instancia la que le corresponde determinar lo procedente, sobre todo si la estancia es legal o ilegal de Karime Macías de Duarte en este caso.
Señaló que un representante de la Fiscalía General de la República estará presente ante el juzgado donde se llevará a cabo la audiencia en contra del exgobernador de Veracruz con el fin de presentar la documentación necesaria para proceder a la extradición legal de acuerdo a los tratados entre Guatemala y México.
En caso de que el detenido rechace ser extraditado, se tendrá un plazo de 60 días para desahogar las pruebas necesarias y proceder a las impugnaciones con el fin de coadyuvar con el gobierno mexicano en la agilización del dicho trámite y no sea demasiado tardado.
Exigen desmantelar red
Luego de la detención de Javier Duarte, el pasado fin de semana en Guatemala, Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, llamó las autoridades a desmantelar la red de corrupción que tendió el exgobernador de Veracruz.
“Lo que vemos es que solamente está capturado Javier Duarte y durante varios meses hay involucrados en el caso que siguen como si nada entre ellos hay un diputado federal que fue el tesorero y que, por tanto, supo de estos manejos”.
Entrevistada para Imagen Radio, comentó que se ha pedido el desafuero del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá, quien fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, para que sea llevado a proceso.
Tras señalar que no se ven acciones en este caso, exigió a la fracción del PRI en la Cámara de Diputados aplicarse en el tema, pues consideró “que una muestra de ir a fondo en el combate a la impunidad es castigar a toda la red de corrupción de Javier”.
Marko Cortés Mendoza, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, aseguró que la detención de Duarte en Guatemala “despierta muchas dudas” las cuales debe aclarar el gobierno federal.
Duarte está obligado a aclarar “qué campañas del PRI financió; si sí financió a Morena en Veracruz o no lo hizo”, dijo.