No hay cargos ministeriales contra ninguno de ellos, pero la civilizatoria “presunción de inocencia” es lo que menos parece importarle.
La nueva y necia presión ocurre en vísperas de la segunda visita a México del “mecanismo de seguimiento” de la CIDH.
Pese a ser abogado, Rosales dice que los policías bajo sospecha ya están identificados, pero “no han sido consignados ni detenidos”, demandó perseguir al ex gobernador Ángel Aguirre y al ex fiscal Iñaki Blanco (a quien se le deben reconocer los primeros y sólidos pasos de la investigación) e insistió en la insidiosa demanda de que la PGR actúe contra los militares del cuartel de Iguala, que nada tuvieron que ver con el crimen.