El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores acusó que asesores proponen a mandatarios estatales esquemas fraudulentosLa Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) advirtió sobre la existencia de despachos contables que buscan a los mandatarios estatales para ofrecerles instrumentos financieros que prometen “gran eficiencia fiscal”, pero que terminan en desvío de recursos, entre otros delitos.
“Son despachos que dicen que pueden conseguir recursos del presupuesto, a cambio de porcentajes, y son despachos que aconsejan un manejo de esas características, de hacer una famosa cuenta concentradora para poder darle más rendimientos a los ingresos”, expuso Graco Ramírez, presidente de la Conago.
En entrevista, el también gobernador de Morelos dijo que esa propuesta constituye el delito de peculado.
“El hacer una cuenta concentradora, como ocurrió en el caso de Javier Duarte, es una violación a las reglas de la administración pública (...) porque uno no puede mover un recurso, porque cada presupuesto, cada autorización presupuestal tiene su propia chequera”, expuso.
La Conago denuncia esquema para desvíos
Despachos contables ofrecen a gobernadores forma de obtener ganancias.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reveló que existen despachos contables que “presumen de una gran eficiencia fiscal”, que proponen a los gobernadores del país incurrir en esquemas que a la postre derivan en actos de corrupción, al desviar recursos federales, como ocurrió a los exgobernadores Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo.
“Cuando eso alguien me lo propuso yo dije eso es imposible, es ilegal, eso se llama actos de desvío de fondos, porque los fondos deben llevarse por cada chequera, por cada rubro y así se hace el seguimiento, cosa que hemos hecho nosotros”, explicó el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Entrevistado en el Senado y a petición de Excélsior, Graco Ramírez detalló este fenómeno de corrupción que existe en el país.
“Hay despachos contables en México que presumen de una gran eficiencia fiscal; esto es parte de una red de corrupción; son despachos fiscales que ofrecen sofoles (Sociedad Financiera de Objeto Limitado). Las sofoles son sociedades que pueden prestar créditos de nómina a los trabajadores y es tal el abuso que se ha hecho de esos despachos, a cambio de porcentaje a funcionarios y a gobiernos, que tienen endeudados hasta con el 40% de su sueldo a los propios trabajadores de los sistemas de administración pública.
“Son despachos que dicen que pueden conseguir recursos del presupuesto, a cambio de porcentajes y son despachos que aconsejan un manejo de esas características, de hacer una famosa cuenta concentradora para poder darle más rendimientos a los ingresos y eso se llama peculado, porque uno no pude mover un recurso, porque cada presupuesto, cada autorización presupuestal tiene su propia chequera, su propio número de cuenta.
“El hacerlo y hacer una cuenta concentradora es una violación de las reglas de la administración pública, para con ello esconder en qué se van los recursos que están asignados a tal o cual presupuesto”, detalló el gobernador.
Relató que desde hace tiempo los gobernadores se dieron cuenta de que Javier Duarte “saqueaba” las finanzas de Veracruz.
“Observábamos la manera en que estaba comportándose con las partidas federales y presupuestales. Nos enteramos nosotros de las cosas y nos dimos cuenta que él tenía una cuenta concentradora donde metía todo el dinero de los presupuestos de participaciones y de ahí hacía una distribución”, explicó.
A raíz de las constantes prácticas de mezclar los recursos federales que reciben los estados se creó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ordena a todos los gobiernos de los estados abrir una cuenta bancaria por cada programa que les entrega el gobierno federal, a fin de dar seguimiento puntual a la forma en que se gasta el dinero; esas reglas están vigentes desde diciembre de 2008, incluso su reforzamiento fue una de las últimas reformas propuestas por el gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, la propia Auditoría Superior de la Federación descubrió y denunció que todos los gobiernos de los estados incurren en una práctica que ella misma denominó “simulación de reintegros” y que hasta el año pasado sumaron 221 mil 182 millones 500 mil pesos; consiste en tomar dinero de una partida para llevarlo a otra y cuando la Auditoría lo detecta, el gobierno estatal lo repone, pero luego lo vuelve a retirar.
Los gobiernos estatales reciben el gasto federalizado. Uno de sus componentes, según el Presupuesto de Egresos de la Federación, proviene del Ramo 28, forma parte del gasto no programable y depende de todos los ingresos que obtenga la Federación. El segundo componente proviene del Ramo 33, que forma parte del gasto programable y se destina a la atención de programas focalizados, prioritarios y que ayuden a superar rezagos sociales como salud, educación y seguridad pública.
Adicionalmente reciben transferencias etiquetadas y recursos provenientes del Ramo 23, que se destina a la infraestructura física de estados y municipios.
La Ley General de Contabilidad ordena que todos los programas que se alimentan de fondos ubicados en los Ramos 23, 33 y las transferencias etiquetadas, deben tener una cuenta bancaria individualizada, pero ayer el presidente de la Conago reveló que en los hechos esa disciplina no se concreta.
Interrogado sobre el por qué, si desde hace tiempo los gobernadores se dieron cuenta de los excesos del exgobernador de Veracruz, no se denunció, el mandatario de Morelos recordó que él, en lo personal, lo hizo en un evento político; denunció públicamente que Duarte estaba “saqueando” a su estado.
Pero también aclaró que “la Conago no es una instancia de fiscalización de uso de recursos. Es una instancia plural de la expresión de los gobiernos locales, donde tratamos temas de políticas públicas en el interés general del pacto federal y lo que nos corresponde como gobernadores”.