Los jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país de manera ilegal cuando eran niños pueden “estar tranquilos”, dijo el presidente Donald Trump, porque ellos no son el blanco de los esfuerzos de deportación delineados por sus políticas de inmigración.
Trump dijo que su gobierno “no está tras los dreamers, estamos detrás de criminales”.
La declaración de Trump se produce luego de la deportación a México de Juan Manuel Montes, de 23 años, a pesar de haber sido beneficiario de DACA. el dreamer introdujo una demanda para acceder a los documentos de su deportación.
Al respecto, Trump dijo que el caso de Montes es “un poco diferente al caso de los dreamers”, aunque no especificó por qué.
El presidente, quien tomó una línea dura sobre inmigración como candidato, reafirmó que cumplirá su promesa de construir un muro en la frontera con México. Pero se abstuvo de exigir que los fondos para el proyecto sean incluidos en un proyecto de gasto que el Congreso debe aprobar para fines de la próxima semana a fin de mantener el gobierno funcionando.
NUEVE CARTAS
El fiscal general de EU, Jeff Sessions, insistió en su campaña contra las ciudades santuario al ponerles una fecha límite para que demuestren que cumplen con la ley federal de proveer información al gobierno sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio.
En un discurso que ofreció en San Diego, California, donde efectuó una visita a la frontera con México junto al secretario de Seguridad Interior, John Kelly, el funcionario aludió al envío de cartas a nueve jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades de inmigración.
El Departamento de Justicia dio un ultimátum a las ciudades santuario, en concreto, a nueve jurisdicciones del país a las que exigió pruebas de que están enviando información al gobierno federal sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio.
De acuerdo con las cartas enviadas por el Departamento de Justicia, y como lo corroboró el fiscal en su discurso frente al muro que divide a San Diego de Tijuana, si las jurisdicciones no entregan la documentación correspondiente antes del 30 de junio, dejarán de recibir fondos federales.
El ultimátum afecta a todo el estado de California y las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans; además de los condados de Miami-Dade, en Florida; Clark, donde se encuentra Las Vegas, en Nevada; Cook, Illinois, y Milwaukee, Wisconsin.
El envío de estas cartas coincidió con la visita de Sessions a San Diego, California, cuya legislatura estatal debate una iniciativa que convierte a todo el estado en santuario y, por ende, prohíbe a sus agencias policiales que colaboren con las autoridades federales para deportar a inmigrantes indocumentados.
Las ciudades y condados de este tipo argumentan que una de las razones para volverse santuario es mantener la confianza de las comunidades inmigrantes con las fuerzas del orden, ante lo que el fiscal general afirmó que ello es “más una excusa que una razón”.
Kelly afirmó que le es “inconcebible” que funcionarios electos de cualquier nivel prefieran “liberar a criminales indocumentados” en lugar de entregarlos a las agencias federales para su deportación.
Indicó que lo ideal para el gobierno de EU es tener a estos acusados de delitos criminales en las cárceles. “Si no hacen eso, entonces tenemos que ir a los vecindarios, a las cortes, a donde sea que los podamos encontrar y arrestarlos, así que necesitamos más cooperación”, enfatizó Kelly.
Consideró que las dependencias policiacas locales sí están interesadas en colaborar con las autoridades federales migratorias.
El presidente interino del senado californiano, Kevin de León, quien además es autor del proyecto de ley para convertir a California en estado santuario, acusó a la administración del presidente Trump de basarse en principios de “supremacía blanca” para emitir el ultimátum.
Sessions rechazó esa aseveración, a la que calificó de “declaración extremista”, y dijo que la dependencia que lidera está comprometida con la “aplicación justa de la ley”.
Aseguró que Estados Unidos no es un país que rechace la inmigración, como lo prueba que cada año se aceptan un millón 100 mil peticiones de residencia legal.
RESPUESTA SOBRE DEPORTACIÓN DE MONTES, INCONSISTENTE: ABOGADA
El gobierno estadunidense mostró una posición “inconsistente” sobre el motivo para deportar al mexicano Juan Manuel Montes, el primer beneficiario de DACA expulsado por la administración del presidente Donald Trump, denunció la abogada Mónica Ramírez.
La abogada, defensora del joven de 23 años quien se encuentra en México, indicó que tuvieron que presentar la demanda el martes en California porque durante las semanas previas no lograron obtener una respuesta detallada del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre el caso de Montes.
“Hasta ahora no hemos recibido su expediente migratorio, no hemos recibido ninguna de la documentación que el gobierno dice tener y que asegura que prueba lo ocurrido”, dijo Ramírez a la cadena CNN.
El DHS aseguró que Montes perdió el estatus de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) en agosto de 2015, y que fue arrestado cuando intentaba ingresar a Estados Unidos a través de una barca en Caléxico, California. Fue deportado en febrero pasado.
“El gobierno (estadunidense) no ha ofrecido respuestas detalladas. Han hablado con la prensa y explicado lo que cree que es su posición, pero su posición ha sido inconsistente”, insistió Ramírez.
Con información de: Notimex/México.