-Ministros declararon inconstitucional la prisión preventiva a menores infractores
-Significaría un retroceso ya que podrían ser los principales operadores de la delincuencia organizada
Luego de que Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declararan como inconstitucional la prisión preventiva a los menores, Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes dieron a conocer que podría ser un retroceso, debido a que los menores infractores podrían ser los principales operadores de la delincuencia organizada y vulneraría la integridad de las víctimas.
En entrevista, el Juez del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), José Luis Jaimes Olmos aseguró que podría ser “grave” que los Ministros declaren como inconstitucional la prisión preventiva aplicada a los menores de edad que cometen un delito.
Sin embargo, Jaimes Olmos declaró que el desconocimiento por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha provocado que en la Suprema Corte de Justicia se promueva la acción de inconstitucionalidad, por lo que exhortó a las autoridades de ese organismo descentralizado a analizar la solicitud debido a que los jueces morelenses imponen la prisión preventiva para evitar que el menor evada la acción de la justicia, así como el esclarecimiento del hecho delictivo y la protección de la víctima.
"Tenemos menores que son reincidentes en delitos como robo, narcomenudeo, homicidio calificado, violación, asociación delictuosa, extorsión y secuestro, de ahí deriva la necesidad de proteger también a la sociedad (…) Me parece que los ministros se están concentrando solo en la gravedad de la conducta ilícita y en este sistema no procede la prisión preventiva oficiosa".
No obstante, señaló que durante su carrera judicial ha visto casos en donde aquellos adolescentes que cometen algún ilícito y son puestos en libertad, el victimario podría atentar contra la víctima o algún miembro de su familia; por ello, consideró importante que los Ministros de la Suprema Corte puedan desistir de la acción de inconstitucional que pretenderían validar.