Integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM) conminaron al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a que se presente el próximo jueves 18 de mayo a las 10:00 horas en las fosas de Jojutla, a fin de que responda por lo que ahí sucede.

En la Plaza de Armas de Cuernavaca, miembros del FAM, encabezados por el poeta Javier Sicilia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, así como transportistas, académicos, madres de desaparecidos y representantes de asociaciones civiles, denunciaron las graves violaciones en que ha incurrido el Gobierno estatal en materia de derechos humanos, la falta de seguridad e impartición de justicia, la destrucción de la naturaleza y de los territorios, el atropello a los maestros y la imposición del Morebús.

Lamentaron la guerra contra las instituciones y organizaciones, y pusieron como ejemplo el caso de la UAEM, que ha sido víctima del desprestigio, asedio y denuncias sólo por evidenciar los crímenes de gobierno, como las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

Por tales motivos, Javier Sicilia llamó al jefe del Ejecutivo estatal a “dar la cara” y acudir a este emplazamiento, porque de no ser así “tomaremos su ausencia como señal clara de que carece de un espíritu democrático, que no tiene capacidad de gobierno y que sólo le queda la fuerza, la represión, la persecución, lo que implica la destrucción de la vida social y política en Morelos”.

A su vez, Alejandro Vera Jiménez denunció que la Fiscalía Estatal Anticorrupción ha iniciado otra carpeta de investigación en su contra, ahora por asociación delictuosa contra el Consejo Universitario.

Explicó que en la querella señalan no sólo al rector, sino a otros funcionarios de su administración de haber cometido un acto ilícito al querer imputarles responsabilidades penales, que son producto de una maniobra facciosa que se está combatiendo.

“Ayer (9 de mayo) me notificaron de esta segunda denuncia y de la negativa para tener acceso a esta carpeta de investigación; es grave y preocupante que sin contar con elementos de prueba que busca presentar la Universidad a la Fiscalía ya se quiera turnar a un juez de control acusando al CU de peculado y asociación delictuosa”, puntualizó.

 

 

El Gobierno del estado informó que la presente administración se ha distinguido por luchar contra la corrupción y la impunidad, además de avanzar en la vida democrática y hacer realidad los derechos sociales de todos los morelenses.

Indicó que desarticular esta red de corrupción y de impunidad generaría reacciones naturales. Sin embargo, expuso, la seguridad de las familias y el desarrollo integral de la entidad son lo más importante y están por encima de coyunturas y costos políticos.

“Hoy podemos afirmar, de frente a la sociedad y de cara a la opinión pública, que en Morelos estamos haciendo las cosas bien y tenemos resultados claros en materia de combate a la inseguridad, a la impunidad y a la corrupción. Nos avalan cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Instituto Mexicano de la Competitividad y de otros organismos de reconocido prestigio nacional e internacional”, refirió en un comunicado.

En el caso del protocolo de exhumación e identificación genética, señaló que han trabajado en estrecha coordinación y bajo lineamientos acordados con la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Antropología e Historia; con la Policía Federal, a través de su Unidad Científica, y con la importante participación de familiares y colectivos de víctimas.

Estos procesos de inhumación garantizan absoluta transparencia, total certeza jurídica y plena legalidad, al grado de tomarse como modelo nacional para aplicar en otros estados del país, agregó.

De igual manera, reiteró que estos procesos cuentan con el aval de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ese tenor, reconoció la labor de Concepción Hernández, madre de Oliver Navarrete Hernández, ya que su labor permitió señalar un problema que se registra a nivel nacional: la disposición de cadáveres en los servicios médicos forenses y las fosas comunes.

Asimismo, su caso también ha servido para rectificar estos procesos, “para que juntos, instituciones federales y estatales, organismos y colectivos, construyamos un modelo digno de replicarse a nivel nacional y que permita dar certeza a familiares de desaparecidos”.

Por otra parte, “queremos dejar en claro que en Morelos no hay ni persecución ni linchamiento político contra nadie y mucho menos contra una institución como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.Reiteramos, no hay de parte del Gobierno ninguna campaña de desprestigio contra la comunidad universitaria, que es un orgullo para todos los morelenses”.

Lo que sí existen, acotó, son procesos de investigación por parte de las instituciones de fiscalización por presuntos manejos irregulares en el presupuesto de la Universidad, pero por parte del rector Alejandro Vera Jiménez.

“Que quede claro: el rector no es la Universidad; los procesos de revisión por los presuntos actos de corrupción son contra el rector, no de la comunidad estudiantil ni académica. Quien tiene que responder y rendir cuentas es él. Quien tiene que explicar dónde está el presupuesto de la Universidad y en qué se ha gastado, es sólo él”, enfatizó el Poder Ejecutivo local.

Añadió que la lucha contra la impunidad y la corrupción; y la voluntad política para regresar la tranquilidad y la paz social a las familias morelenses, no tienen siglas ni colores.