
El gobierno de Morelos afirmó que se desempeña con absoluta transparencia y rendición de cuentas, siempre sujeto al escrutinio público, luego de que senadores del PRI demandaran "investigar presuntas irregularidades" en inversión pública.
De acuerdo con los legisladores, éstos se refirieron a una Auditoría Especial realizada al periodo correspondiente del 10 de octubre de 2013 al 31 de agosto del siguiente año por 2 mil 800 millones de pesos, en donde se concluyó que el crédito contratado como deuda pública por la presente administración, "se realizó conforme a la normatividad aplicable en materia financiera y de obras públicas".
TE RECOMENDAMOS: PRI pide investigar presunto desvío por 2.3 mmdp de Graco
Tras los resultados, los diputados del Congreso local determinaron en su momento que la actual administración "no cometió daño patrimonial", de ahí que el gobierno de Morelos fue notificado de la declaratoria del informe de resultados a la revisión de la Auditoría Especial al proceso de contratación, ejecución, y comprobación del gasto, respecto de los créditos contratados como deuda pública.
Los resultados de la Auditoría Especial al crédito contratado como deuda pública indican que en términos generales la adquisición de ésta, la ejecución de las obras, acciones financiadas, y la comprobación del ejercicio de los recursos, "se realizó conforme a la normatividad aplicable en materia financiera y de obras públicas".
Cabe recordar que si bien derivado de la Auditoría se generan once observaciones para las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, éstas fueron solamente de carácter administrativo". Al no generarse alguna de carácter resarcitorio, se descartó cualquier desvío o malversación que haya generado daño al patrimonio del estado.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, la Secretaría de Hacienda interpuso el Recurso de Reconsideración; por lo que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado revocó el informe de resultados con respecto a diversas observaciones resarcitorias, siendo ahora de carácter administrativo.