Diputados locales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) a verificar que no se vendan las tierras ni mucho menos se construyan viviendas en la zona natural protegida del Ajusco-Chichinautzin, donde recientemente ocurrieron los incendios forestales.
El acuerdo presentado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Caballero Solano, establece que en días pasados dicha región se vio amenazada por siniestros que devastaron una gran cantidad de hectáreas boscosas.
Citó que el corredor biológico Chichinautzin cuenta con una notable diversidad de hábitats y especies debido a sus condiciones geográficas y climáticas privilegiadas. Se encuentra en la zona noroeste de Morelos y abarca 12 municipios del estado, uno en el Estado de México y las áreas urbanas de Milpa Alta y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
Su superficie de 37 mil 873 hectáreas incluye dos parques nacionales -Tepozteco y Lagunas de Zempoala-, zonas que también forman parte de este amplio corredor que sustenta a la flora y fauna locales, convirtiéndose en una zona de amortiguamiento para el Valle de Cuernavaca.
Sin embargo, expuso que a 29 años del decreto de creación, hoy es seriamente amenazado no sólo por la tala clandestina y los incendios forestales, sino por la venta ilegal de tierras y las construcciones que se empiezan a edificar en esa zona.
Por ello, urgió a atender este tema, porque atenta contra los pulmones de Cuernavaca y 315 especies de hongos (más de 80 comestibles), 10 especies de anfibios, 43 tipos reptiles, mil 348 ejemplares de insectos y arañas, 237 de aves (36 exclusivas de esta región), cinco variedades de peces, 785 de plantas y siete tipos de vegetación. Además de bosques de pino, oyamel y encino.
Ante este problema y después de conocer que en las redes sociales se ha mostrado que empieza a entrar maquinaria de construcción, los diputados Jesús Escamilla, Aristeo Rodríguez y Javier Estrada se sumaron a la propuesta y denunciaron que han sido los alcaldes los responsables de otorgar permisos a las constructoras para este fin, por lo que demandaron a los cabildos poner atención al respecto.