Al menos 65 por ciento (189) de los 291 centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales en México se encuentran en poder de grupos delictivos y cada día registran en promedio tres riñas, dos agresiones y un homicidio.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 51 por ciento de las cárceles del país enfrentan problemas de sobrepoblación, principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla.
En ese contexto, con poco más de 233 mil internos, México ocupa el séptimo lugar mundial en población carcelaria, solo detrás de EU, China, Brasil, Rusia, India y Tailandia.
La carpeta informativa titulada "Los centros penitenciarios en México, ¿centros de rehabilitación o escuelas del crimen?" detalla también los resultados de las más recientes evaluaciones practicadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los centros de readaptación social.
En una escala de 0 a 10, con base en indicadores sobre las garantías para la integridad y estancia digna de los reos, así como las condiciones de gobernabilidad y reinserción social, la calificación promedio nacional de los centros penitenciarios estatales para 2015 fue de 6.21, mientras los centros penitenciarios federales obtuvieron 7.36 en promedio
Los centros mejor evaluados fueron los del Ejército: la Prisión Militar de la Primera Región Militar (Campo Militar Número 1), con 8.36; la Prisión Militar de la Quinta Región Militar (Zapopan, Jalisco), con 7.86, y la Prisión Militar de la Tercera Región Militar (Mazatlán, Sinaloa), con 7.57.
Entre las penitenciarías a cargo del gobierno federal destaca el Cefereso Femenil Rehilete, Islas Marías, con 7.99, y el Cefereso de Mínima Seguridad Bugambilias, Islas Marías, con 7.88, como los mejores evaluados, mientras el promedio más bajo fue para el Cefereso 9 Norte, de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 6.63.
Por lo que hace a las prisiones estatales, las mejor evaluadas fueron las de Guanajuato (8:02), Aguascalientes (7.75), Baja California (7.42), Chihuahua (7.38) y Tlaxcala (7.34).
En contraste, las peores calificaciones fueron para los reclusorios de Nayarit (4.11), Quintana Roo (4.43), Guerrero (4.99), Hidalgo (5.01) y Tabasco (5.06).
El análisis refiere además los problemas estructurales del sistema penitenciario identificados por las especialistas Elena Azaola y Maïsa Hubert en su estudio "¿Quién controla las prisiones mexicanas?":
Según el documento, dichos focos rojos son "la sobrepoblación y el uso desproporcionado de la prisión preventiva; condiciones de vida indigna y en ocasiones infrahumana; falta de profesionalización y condiciones de trabajo deplorables del personal penitenciario; indiferencia social y de autoridades hacia la problemática de las prisiones y, el más grave, 65 por ciento de las prisiones estatales están en poder de grupos delictivos".
Aunque la sobreocupación carcelaria se mantiene como uno de los principales problemas, el número de centros penitenciarios en el país presenta una tendencia a la baja.
En 2000 había 444 y para 2016 se disponía de 379, de los cuales 17 son Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos); 291 están a cargo de las entidades federativas (278 de los estados y 13 más del gobierno de la Ciudad de México), así como 71 de los gobiernos municipales.
Entre las conclusiones del centro de estudios de la Cámara de Diputados destaca la afirmación de que las cárceles en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, sino "más bien arruinan vidas".
Más de 60 por ciento de la población reclusa purga penas menores a tres años por delitos no graves ni violentos, pero ameritaron la respuesta más contundente y dura del Estado mexicano.
Además, 40 por ciento de los presos no han sido sentenciados, pero sin ser declarados culpables son privados de su libertad.