* ALCOHOL Y MUERTE
La muerte de un taxista a manos de una turba luego de que, en estado de ebriedad, atropelló a tres personas, causó opiniones diversas entre los morelenses, que sin embargo coinciden en la pertinencia de no conducir automotores cuando se han consumido bebidas embriagantes. Hay una crítica generalizada hacia quienes golpearon a la víctima mortal, pero también al chofer por tomar el volante estando bajo los influjos del alcohol, aunque se ha explicado que huía de una riña. El tema pone de relieve una decisión que ya está tomada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso, y que seguramente será avalada por el voto de los diputados en asamblea plenaria quizás esta misma semana, para reformar el Código Penal y endurecer las penas para los conductores que atropellen y lesiones o maten a una persona cuando conducen estando ebrios y drogados. Se trata en su totalidad de una reforma de la autoría del perredista Enrique Laffitte: es el diputado iniciador y a la vez preside la comisión encargada de dictaminar la iniciativa. A ver.
Como parte del hasta ahora fracasado Sistema Estatal Anticorrupción, a finales de la legislatura anterior, que concluyó el 31 de agosto de 2015, fue aprobada la conversión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal de Justicia Administrativa, el cual más tarde impulso a los diputados de la legislatura 53 a crear una nueva Ley de Justicia Administrativa que terminó, según fue difundido, con 25 años de rezago legislativo en el tema. Al crear el nuevo tribunal, su estructura fue modificada de tal manera que el número de sus magistrados pasó de tres a cinco. Lo malo del asunto es que tales magistraturas, como muchos otros cargos del sistema “anticorrupción”, fueron corrompidamente negociados como meras cuotas de poder y el nuevo Tribunal se partidizó con los nombramientos del panista Roque González Cerezo y Manuel García Quintanar, de Movimiento Ciudadano, como magistrados. Lo peor, además, fue denunciado ayer por el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, quien explicó que los dos magistrados llevan nueve meses cobrando sin trabajar, pues el Tribunal no tiene recursos e infraestructura para activar las dos nuevas magistraturas.
A un sector de la clase política local le urge acelerar los tiempos políticos porque se encuentran ávidos del poder político y económico que puede resultarles de las elecciones del 2018. En el Día del Trabajo los trabajadores pasaron a segundo plano, hubo escasos pronunciamientos en defensa de sus intereses y en condena a que más del 50 por ciento de quienes laboran en la entidad lo hacen en la informalidad, sin acceso a las más elementales prestaciones. En cambio, las posturas políticas buscaron notoriedad, lo mismo a través del activista Alejandro Vera, quien sigue usando sin pudor la tribuna universitaria para sus fines particulares, que del cetemista Vinicio Limón, quien está montado en la idea de ser candidato, a gobernador o a lo que sea, en los próximos comicios. A los acelerados les llovieron críticas y hasta ofertas para actuar de verdad a favor de la entidad, como la expresada por el diputado de MM Jaime Álvarez Cisneros, quien los llamó a presentar sus posturas mediante cauces que puedan llevar a conclusiones prácticas, como en un debate sensato de la problemática estatal donde se señalen yerros y se reconozcan fortalezas de la autoridad estatal, y no a plantearlas solo en eventos como la marcha dominical.