La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue resuelta, según los investigadores de la PGR, en 29 días. En ese periodo detuvieron a más de 90 personas, lograron confesiones del crimen y establecieron la red de protección institucional en la región de Iguala, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 policías de tres municipios, subordinados a Guerreros Unidos y bajo el control de las autoridades locales, desaparecieron a los estudiantes. Esto fue detallado por Tomás Zerón, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a su entonces jefe, el procurador general Jesús Murillo Karam, y a los secretarios de Gobernación, de la Defensa, de la Marina y el director del CISEN. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, según testigos, le dijo: “Se lo tienes que explicar al Presidente”.

En Los Pinos, Zerón lo repitió al presidente Enrique Peña Nieto. Tenían a los asesinos, y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas. No tenían un móvil claro, aunque Murillo Karam, por los testimonios de varios imputados, identificaba como autores intelectuales a José Luis Abarca, en ese entonces alcalde de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los jefes de Guerreros Unidos. Hacía tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda los investigaba por lavado de dinero, pero nunca actuó, como tampoco la PGR a la petición reiterada de la Fiscalía General de Guerrero para que procesara a Abarca como presunto responsable del asesinato, de propia mano, de un líder del PRD opuesto a él.

“No quiero pasar como el Presidente que asesinó a los estudiantes”, le dijo Peña Nieto a Zerón, según testigos, quien le respondió que sólo tenían un problema: cómo explicar públicamente lo que había pasado en Iguala. El Presidente ya estaba siendo criticado por su lento actuar para esclarecer el crimen, y estaba pagando los errores de sensibilidad y oficio de dos de sus más cercanos colaboradores: el subsecretario de Gobernación, su compadre Luis Miranda, y el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Miranda nunca entendió la gravedad de un ataque contra normalistas de Ayotzinapa por parte de policías y criminales, cuando el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le informó lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre antes de que desaparecieran. Nuño, cuando se planteó el tema 72 horas después –pese a que era un escándalo nacional–, insistió que pertenecía al ámbito municipal.

La no acción del gobierno federal durante 15 días –aunque la PGR comenzó sus propias diligencias desde los primeros días–, estaba llevando un crimen local a ser un crimen de responsabilidad federal. La preocupación en el gobierno se mantenía. ¿Cómo explicarlo a la opinión pública para que tuviera credibilidad? Dentro de la PGR, la entonces subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García Lagunes, sugirió que se invitara a expertos extranjeros para que acompañaran la investigación.

García Lagunes sabía perfectamente del tema. Fundadora del PRD y durante años luchadora brazo a brazo con las organizaciones de derechos humanos en México, conocía a toda la red que con el tiempo se articuló con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, que había fortalecido como presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia en la Cámara de Diputados. A Murillo Karam le propuso a los expertos Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La idea fue aceptada en Los Pinos. Funcionarios federales lamentan hoy haber respaldado la iniciativa, que le abrió la puerta a la investigación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que se convirtió en una pesadilla para el gobierno peñista.

Funcionarios federales admiten que cuando el exprocurador propuso a García Lagunes, no sabían quién era ella ni sus antecedentes. “Las fichas sobre ella llegaron hasta mucho después”, recordó un funcionario de la PGR. El CISEN no les alertó a tiempo de sus vinculaciones, agregó, y ni siquiera Murillo Karam, que ya no sobrevivió en el cargo para contarlo, comprendió el alcance de lo hecho. No son pocos los funcionarios federales que maldicen la hora en que se invitó a los expertos internacionales y se les abrió la puerta a la justicia mexicana. Pocos son los que conocen que fue García Lagunes, quien también fue la pieza central para que llegara el Equipo Argentino de Antropología Forense a asesorar a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, la autora de ello.

Sin embargo, lo que hizo García Lagunes, quien tres meses después de salir Murillo Karam de la PGR renunció a su cargo, fue lo correcto. En términos de opinión pública y legitimidad, García Lagunes recomendó justo lo que cualquier experto en manejo de crisis recomendaría. El gobierno peñista no tenía ninguna otra opción para inyectar legitimidad y credibilidad a la investigación. Era el único camino para evitar lo que temía Peña Nieto, que lo recordaran como “el asesino de los normalistas”. El fracaso para impedirlo no se construyó al abrir esa puerta. La debacle del Presidente, que lo colocó como el responsable político de un crimen municipal, fue propiciada por su propio gobierno, que mostró tener una visión reduccionista y soberbia que hizo que buscaran respuestas en forma endogámica. De esa forma, sus errores los repitieron sin darse cuenta, hasta la ignominia.

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