Amagan con golpear a opositores a obras de autopista La Pera-Oacalco

Habitantes de Tepoztlán que desde el 21 de mayo mantienen detenidas las obras de ampliación de la autopista de cuota La Pera-Oacalco abandonaron el campamento que tenían en la entrada al pueblo, después de que un grupo de choque encabezado por el ex alcalde Gabino Ríos Cedillo, acudió para desalojarlos.

El grupo de golpeadores, integrado por choferes de camiones pesados afiliados al Sindicato Libertad, Trabajadores de Transporte, vinculado con la Conferederación de Trabajadores de México, y al Nuevo Grupo Sindical, ligado al gobierno estatal, que encabeza el perredista Graco Ramírez, se acercó al plantón a las 6:30 horas con la intención de echarlos. Tonatiuh González Quiroz, uno de los líderes de los inconformes, aseguró que iban a desalojar a quienes estaban de guardia.

Los manifestantes, la mayoría personas de la tercera edad, decidieron marchar a la alcaldía y se plantaron en los pasillos del edificio y alrededor del kiosko en demanda de que se cancele la ampliación de la autopista en 27 kilómetros de su territorio porque, sostienen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene permiso de la asamblea comunal para realizar las obras.

Roberto Robles Quiroz, dirigente de los opositores, contó que antes de que llegaran los camiones de volteo habían recibido mensajes de funcionarios municipales y del estado para advertirles que el grupo de choque iba con todo y que también llegarían policías estatales antimotines.

Por eso, cuando llegaron los camiones y los choferes comenzaron a rodearlos, los manifestantes se retiraron del plantón a las 8 horas y se llevaron algunas pertenencias, pero dejaron carpas y mantas, mismas que desmantelaron los transportistas y abrieron el acceso de la autopista La Pera-Cuautla a Tepoztlán.

Al llegar a la alcaldía tocaron las campanas para llamar al resto de los habitantes a apoyarlos contra el grupo de choque que, presumen, fue enviado por el gobierno del estado o por la SCT, porque les urge acabar con la obra, que comenzaron en 2013, pero no han podido terminar porque los pobladores se niegan a que pase por su territorio, considerado zona natural protegida, y parte del Parque Nacional El Tepozteco y del corredor biológico Chichinautzin.

Cuando la gente comenzó a concentrarse frente al palacio municipal, los presuntos golpeadores que se habían quedado fuera del poblado enviaron un camión y una camioneta con unas 50 personas encabezadas por el ex alcalde priísta Gabino Ríos. Al llegar al centro del pueblo insultaron a los manifestantes, quienes exigían audiencia pública con el alcalde Lauro Salazar, de Movimiento Ciudadano, para demandarle seguridad y que se detuviera al grupo agresor.

Luego de gritos y empujones, los del grupo de choque prácticamente salieron huyendo en sus vehículos del centro del pueblo.

Minutos después bajó el alcalde Lauro Salazar y ofreció a los inconformes dialogar con el gobierno del estado y la SCT. Salazar, quien ha apoyado la exigencia de suspender los trabajos desde 21 de mayo, insistió en que la reunión sea abierta y reiteró que su administración no ha dado permiso ambiental ni de obra para este proyecto.

Lamentó que sólo cuando pararon la obra, funcionarios de la SCT y del gobierno del estado le hayan mostrado un documento que incluye el sacrificio de 2 mil 700 árboles, que talaron los días 18 y 19 de mayo, lo que provocó la instalación del campamento, el bloqueo de los accesos al pueblo y la obstaculización de las obras.

Después de la intervención del alcalde, los líderes del movimiento opositor anunciaron que se plantarán en la plaza principal y en los pasillos del ayuntamiento sin impedir las actividades.

Que sea ahora el ayuntamiento de Lauro Salazar el que exija a la SCT que las obras sigan detenidas; que el gobierno municipal active todos los mecanismos e interponga todas las demandas contra las ilegalidades cometidas por la SCT. Sabemos que la obra es ilegal, asentaron en una minuta.

Además, el mismo presidente municipal reconoció en esta asamblea que la SCT no tiene los permisos comunales. Con este solo hecho debería estar activando todos los mecanismos legales para detenerla, aseguró Robles.