La Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos notificó la destitución de Dulce Margarita Medina Quintanilla como alcaldesa de Puente de Ixtla.
Lo anterior, debido a que la edil se negó a pagar la cantidad de 333 mil pesos por concepto de la retención indebida de la pensión por cesantía en edad avanzada decretada en favor de un ex elemento policiaco.
Además, por no proporcionar la asistencia médica, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prestaciones a las que tienen derecho los integrantes del Ayuntamiento ixtleco desde noviembre de 2014.
Y es que Medina Quintanilla incumplió con la resolución definitiva dictada en autos del juicio de nulidad en el expediente TCA/1ª S/95/2014, promovido por Alejandro “N”, ex elemento de la policía de esa localidad.
El viernes por la tarde-noche se giró la orden de destitución emitida por Martín Jasso Díaz, magistrado titular de la Primera Sala del TJA, basada en la rebeldía de la presidente municipal, al incumplir con la citada resolución, pese a que previamente había enfrentado multas, al igual que los integrantes de su Cabildo, por hasta 200 mil pesos y haber sido arrestada en al menos cuatro ocasiones.
Sin embargo, Medina Quintanilla puede hacer uso de algunos medios de defensa establecidos en la ley, pero “en estos momentos, jurídicamente ya no ejerce funciones de alcaldesa; corresponde ahora a Guillermina Espín Navarrete, suplente en la Alcaldía, ejercer el cargo constitucional”.
La destitución de la edil, de extracción priísta, ocurrió a pesar de haber solicitado apoyo del Fideicomiso del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal por más de 80 millones de pesos, sin que hasta ahora se sepa el destino de esos recursos.
Con el cese, el proceso continúa y ahora el TJA ha requerido de nueva cuenta a quien en su caso supla a la edil, así como a los regidores de la Comuna, para que den cumplimiento a la resolución dictada.
Sobre esto, el abogado del demandante, Francisco Javier Salgado Guzmán, dijo: “En todo momento hubo disposición de acordar con la ahora destituida presidente; no obstante, las autoridades municipales no han buscado el diálogo ni por este ni por otros asuntos que se encuentran bajo el mismo estatus legal y que ponen a todos los integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla en peligro de destitución, porque las distintas salas del TJA han impuesto multas por un monto mayor al millón de pesos”.
Aseguró que las sanciones que han sido cubiertas con recursos de la Comuna en todo caso pudieron servir para pagos parciales de los pasivos, y cumplir con las obligaciones que tienen pendientes con los elementos policiales activos y jubilados.