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Editorial

Con espionaje telefónico evitan asesinato

Afinales del mes de abril fueron detenidos dos elementos municipales de Xochitepec, acción concretada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, porque dichos elementos pretendían planear el homicidio del ex diputado local por el PRI, Manuel Martínez Garrigós. El comandante de la policía del Mando Único en dicha localidad, Gerardo Mejía Castañeda y su escolta Salvador Hernández Sarabia, fueron detenidos en Cuernavaca. Antier el afectado, Martínez Garrigós, dio a conocer que interpuso una demanda penal en contra de dos policías de Xochitepec, que pretendían asesinarlo y aseguró que dichas intenciones, de los dos policías, son para desestabilizar políticamente el sistema de seguridad pública del Estado de Morelos, y resaltó que son “acciones y actitudes cobardes y pusilánimes”. Ayer la justicia local vinculó a proceso a los dos policías del Mando Único del municipio de Xochitepec. A determinación del juez de la causa, Salvador Hernández Sarabia, enfrentan acusaciones por el delito de posible responsabilidad en el ilícito de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio del también ex diputado priísta. La Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS) solicitó a un juez federal la intervención de llamadas telefónicas del dispositivo móvil de uno de los dos elementos. De esta manera, se confirmó el registro de dos llamadas con fecha del 19 de abril pasado, en las que demuestra la responsabilidad de Salvador Hernández. Y es que en una de las conversaciones referidas, el elemento habla con el comandante Gerardo Mejía Castañeda sobre concretar un negocio al privar de la vida al ex diputado Manuel Martínez, a cambio de una cantidad de dinero. En una segunda llamada Salvador habla con una tercera persona (no identificada) a quien le pide apoyo para buscar a alguien que pudiera concretar el crimen. El punto a resaltar es que en el país el espionaje telefónico no está regulado, al poder solicitar cualquier autoridad registro de llamadas, mensajes y ubicación móvil. La vulnerabilidad de la información privada se agranda al dar facultades tan amplias sin límites. Es necesario conocer las autoridades correspondientes de poder ejercer estas acciones para brindar certeza jurídica a la sociedad.

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