Diez personas, entre abogados, defensores de derechos humanos y periodistas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por el presunto acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas.
Acusan que entre 2015 y 2016 el gobierno mexicano en 76 ocasiones intentó instalar un programa en los smartphones de 15 personas para espiarlas, como publicó The New York Times.
Señalan que la Sedena, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional habrían adquirido licencias de NSO Group, una empresa israelí, para espiar a quienes trabajaban los temas de Ayotzinapa, Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la ley 3de3.
La Presidencia de la República les pidió que presenten denuncias y dijo que no hay pruebas del espionaje a activistas y periodistas.