La consejera presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana León Trueba, adelantó que no van a desistir del juicio especial electoral a pesar de las afirmaciones del secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna.
“Si hay recursos, como dicen, entonces solamente hay que otorgarlos, porque no tenemos para organizar el proceso electoral de 2018”, expresó.
Y aclaró que no se trata de una ampliación caprichosa, sino más bien de contratar a más de 500 personas, adecuar los espacios y acondicionarlos.
Son muchas cosas que se tienen que hacer antes del inicio de campañas en septiembre, consideró y precisó que la solicitud de ampliación presupuestal fue hecha desde marzo pasado, y al no haber respuesta hubo que recurrir a la acción legal.
Cuestionada previo a una reunión en la sede del organismo, dijo desconocer las declaraciones de Michel Luna.
Indicó que antes de recurrir a los tribunales federales se hicieron muchos llamados: “Hemos tenido comunicación con el Poder Ejecutivo a través del secretario de Gobierno, Matías Quiroz y analizamos que se otorgue la ampliación (de 42 millones de pesos) al Impepac. Además, había un acuerdo con el funcionario, que el dinero que nos otorgó el Congreso para este año (15 millones 360 mil pesos), más dos ampliaciones de nueve millones de pesos, se usaría en la operación mínima indispensable; ellos conocen bien los recursos que tenemos”, desglosó.
No obstante que les habían prometido que en mayo les darían el recurso necesario para el proceso electoral en septiembre, a la fecha no hay respuesta.
“No hay tiempo ya, comenzamos en la primera semana de septiembre y se requiere la instalación de los consejos distritales y municipales, que por ley deben comenzar actividades en noviembre. Eso implica, además, lanzar convocatoria en la que participan mil personas y montar los locales y acondicionarlos para el trabajo”, añadió.
El juicio especial electoral, comentó, fue necesario porque llegó el tiempo límite de trabajar, por lo que no es una situación de confrontación, sino una necesidad del instituto para contar con los recursos y así garantizar a la gente un proceso electoral justo.