SERPIENTES Y ESCALERAS

 

El incremento de la violencia y la inseguridad en Morelos ya alarmó a las autoridades; delitos de alto impacto y un incremento sustancial en los delitos del fuero común muestran un Morelos violento, muy distinto al que en el discurso presumen las autoridades. Ante ello el secretario de gobierno lanza una nueva hipótesis: sabotaje. Desde hace mucho tiempo la delincuencia superó al estado y hoy el gobierno ya no saben qué hacer. ¿Quién intenta desestabilizar al gobierno?

El recuento cambia todos los días, porque los hechos delictivos no paran. Cada semana vemos nuevos casos de ejecuciones, secuestros, extorsiones, robos con violencia, asaltos en comercios, casas y empresas, robo a estudiantes, amas de casa, empleados, comerciantes… nadie se salva, todos nos volvemos estadística.

Los esfuerzos gubernamentales para detener a la delincuencia son permanentes, pero no han logrado limitar el avance de la criminalidad. Se han implementado diversos mecanismos tecnológicos, se concentró el manejo de la policía, se invirtieron miles de millones de pesos en un moderno centro de control y a pesar de ello nada parece detener la inseguridad.

Lo que dice ahora el secretario de gobierno es llamativo; habla de actos repetitivos, premeditados, cuyo objetivo es desestabilizar al estado y dañar al gobierno golpeando a la sociedad con hechos delictivos. La hipótesis no es descabellada: después de presentar las cifras que ubican a Morelos en una mejor posición nacional en materia de inseguridad, se dispararon de nueva cuenta los delitos y se agudizó la violencia. ¿Casualidad?

Habría que reflexionar al respecto, hacer memoria y recordar que no es la primera ocasión que esto sucede: cada vez que el gobierno presume mejoras en materia de seguridad, se descompone en ambiente y se multiplican los crímenes. Esta última vez no fue la excepción.

Suponiendo que lo dicho por Matías Quiroz sea cierto, la pregunta es obligada ¿Quién?

No hablamos del boicoteo a un proyecto político o del rechazo social a una obra de gobierno, sino de acciones delictivas con el fin de desestabilizar al estado (según Matías), victimizando a la gente con asaltos, secuestros, extorsiones y asesinatos ¿Quién estaría detrás de un acto de sabotaje así contra el gobierno? ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo?

Así se expresa el secretario de gobierno:

“Tenemos un proceso de desarrollo de investigación para saber qué está sucediendo con algunas actividades delictivas que repetitivamente se  están presentando y que llaman la atención; a diferencia de otros municipios en Cuernavaca se están presentando este tipo de condiciones… Hay algunos delitos que sistemáticamente y repetitivamente se están dando, estamos atentos a robos a cuentahabiente y asaltos en vía pública… Las autoridades de Cuernavaca no pueden lavarse las manos en el tema de la seguridad; el Gobierno del estado asume sus responsabilidad pero también el ámbito municipal debe asumir las tareas y el compromiso para salvaguardar a todos los ciudadanos”

Algo ha visto el gobierno estatal en los hechos de violencia ocurridos últimamente en el estado y en la capital; algo que el resto de los ciudadanos no vemos, pero padecemos en forma de incidencia delictiva. Lo que muchos consideramos un problema de eficiencia en la estrategia de seguridad y falta de rumbo en la operación del Mando Único, para las autoridades es algo distinto, atípico, un complot, un sabotaje, como lo dice Matías.

Algo es real: últimamente la incidencia delictiva ha aumentado de forma alarmante y muchos delitos que parecían controlados han vuelto a aparecer. Como si se tratara de una maldición (o algo inducido), en cuanto el gobierno presume mejoras, se vuelven a complicar las cosas y se agudiza el clima de inseguridad.

Asaltos bancarios, robo a cuentahabientes, secuestros, extorsiones, ejecuciones, descuartizados, feminicidios y hasta una balacera afuera de la residencia oficial; esos temas echaron por tierra el discurso optimista de Graco. ¿Casualidad?

Un punto nos debe queda claro: a pesar de las diferencias ideológicas, políticas o de opinión que se puedan tener con un gobierno, en el tema de seguridad la lucha debe ser contra los delincuentes, no contra las autoridades. Al gobierno hay que exigirle resultados, hay que reclamarle mayor eficiencia y hay que presionarlo para que las cosas mejoren, pero no debemos confundirlo con quien comete los delitos.

La lucha política y la descomposición del ambiente social en Morelos nos ha llevado por un camino equivocado. Los conflictos políticos han dificultado la prevención del delito y pulverizado la fuerza del estado contra los grupos delictivos.

Mientras las autoridades se pelean, la criminalidad crece.

Y quienes pagamos somos todos los ciudadanos.

• posdata

Hace un par de meses el Comisionado de Seguridad de Morelos acusó a tres funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco de estar vinculados con la delincuencia organizada. Puso especial énfasis en el entonces secretario municipal Guillermo Arroyo, a quien en ocasiones anteriores ya había señalado por sus (así lo dijo) vínculos con grupos delictivos.

Las acusaciones de Capella surgieron luego de que el alcalde capitalino acudió a la Suprema Corte de Justicia a presentar un recurso contra la implementación del modelo de Mando Único en Cuernavaca. “El MU no funciona, no hay resultados y la gente no lo quiere” dijo por enésima ocasión el ex futbolista.

Los señalamientos de Alberto Capella fueron muy serios, pero el funcionario estatal no presentó pruebas de sus acusaciones. Al comisionado se le ha hecho costumbre acusar sin probar, denunciar sin actuar y afirmar sin sustentar; aunque en su calidad de servidor público y responsable de la seguridad en Morelos Capella debía proceder contra aquellos que (asegura) están vinculados a la delincuencia, sus expresiones no pasan de la declaración banquetera y el golpeteo mediático.

Así se expresó entonces Alberto Capella:

"Yo le voy a dar algunos los antecedentes de tres de sus principales colaboradores que encabezan el boicot interno en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca y como consecuencia en perjuicio de los cuernavacenses: Alejandro Villareal Gasca tesorero municipal fue secretario de finanzas y planeación en administraciones panistas, administraciones cuya fama pública y rumor social lo llevaron a vínculos muy cercanos con los narcotraficantes Beltrán Leyva, este señor Villareal cuenta con denuncia por peculado y malversación de fondos y tiene una solicitud de juicio político en el Congreso”.

De Guillermo Arroyo Cruz dijo:

"Fue subprocurador contra la delincuencia organizada; el 5 de mayo del 2009 se acreditó como el abogado de los hermanos Pineda Villa, nada más y nada menos, Alberto Mario y Salomón, quienes eran acusado de estar vinculados al crimen organizado, además son cuñados del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca"

Y el último, Sebastián García Ávila, coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

“Fue tesorero municipal de Amacuzac y fue destituido en el año 2013; en febrero del 2015 fue detenido a los medios de identificación de vehículos automotores. Por órdenes de usted, según Sebastián García Ávila, se han realizado acciones de carácter administrativa para entorpecer y generar caos y pánico policial ".

Y sentenció:

Estos son los funcionarios que quieren tomar las riendas de la seguridad pública de las familias de Cuernavaca; estos funcionarios administrativos del ayuntamiento tienen como objetivo, la desestabilización de la corporación y denostar al Mando Único, destituyendo a mandos operativos del municipio que encontraban alineados a la estrategia del Mando Único policial."

Esto ocurrió hace algunos meses y hasta ahora no ha pasado nada. Ni el comisionado ha probado sus acusaciones, ni el ayuntamiento ha mejorado su relación con el gobierno del estado. Hoy lo que está a la vista es un profundo enfrentamiento entre administraciones y una notoria descomposición del ambiente social en la capital.

Es cierto: el mando único no ha funcionado, pero ello es culpa compartida entre autoridades del estaco y la ciudad.

• nota

Las cuentas públicas del congreso de Morelos no han sido aprobadas aún; ni las del 2016 ni tampoco las actuales.

Las cuentas públicas del poder legislativo se revisan en un comité de vigilancia del cual forman parte 12 diputados; estos analizan a detalle el ejercicio presupuestal y luego lo llevan al pleno, donde se aprueban con el voto de las dos terceras partes del parlamento. Así lo marca la Ley orgánica del Congreso de Morelos.

A pesar de que el tiempo ha pasado, las cuentas públicas de la cámara aún no se han aprobado; los reportes son trimestrales, los elaboran los responsables del manejo financiero de la cámara (el contador, la secretaria de finanzas y el presidente de la mesa directiva) y los votan los diputados.

Después de tantos escándalos financieros y frente a una inocultable crisis económica, será interesante ver si los diputados avalan el ejercicio financiero del ex presidente Francisco Moreno Merino. Aún cuando el PRD tiene los 20 votos necesarios para sacar adelante ese tema, no se ve en el ánimo de los legisladores respaldar la forma como el ex presidente manejó el dinero.

Sobre todo porque aunque las cuentas se aprueben, la próxima legislatura seguramente analizará la manera como los actuales diputados ejercieron los más de 500 millones de pesos que tienen de presupuesto al año.

La pregunta sigue sin contestarse ¿En dónde está el dinero?

• post it

Una de las figuras más importantes hoy en el PRD es la diputada Lucía Meza Guzmán. Legisladora por tercera ocasión (dos veces local y ahora federal), la cuautlense se ha convertido en un referente de su partido y uno de los pocos rostros perredistas que logran empatía con la sociedad.

Desde hace varias semanas la diputada ha entrado a la discusión pública del Frente Amplio Democrático como un camino para regresar el poder a los ciudadanos. En la víspera de que se lleve a cabo la renovación de su dirigencia nacional, Meza Guzmán llama a un acuerdo de unidad para evitar que su partido se desgaste en una elección interna.

La clave del acuerdo, señala la legisladora, es la visión que debe existir en el PRD para anteponer los intereses generales a las ambiciones particulares; lo mismo debe ocurrir en los comités estatales, añade.

Lucía Meza se ha convertido en una gran promotora del FAD; “Hoy el gran reto que enfrenta el PRD es nuevamente convertirse en un instrumento de la sociedad, es decir que nosotros estamos impulsando este Frente Amplio con gente de la sociedad civil que quiera participar para la construcción de un nuevo régimen, que pase de un gobierno de un solo hombre a gobiernos de coalición que regresen él poder a los ciudadanos”

El planteamiento teórico de Lucía Meza es correcto, de lo que se trata es de replantear el modelo político nacional, abrir más espacios de participación a la ciudadanía, acotar los cotos de poder políticos y sobre todo, cambiar la manera de ejercer la autoridad. El punto es que eso sólo se logrará con un cambio de personas, porque quienes han hundido al país en la grave crisis en la que se encuentra son los políticos de siempre.

El Frente Amplio Democrático puede ser un camino para reconstruir a México, pero no lo será con los mismos personajes de siempre. La sola suma de fuerzas en torno a un interés particular no representa un cambio de fondo, si los conductores de ese proyecto son los que antes echaron a perder el modelo político actual.

Más claro: un frente amplio en torno a Los Chuchos, los Bejaranos, los Anayas, los Calderón, los Dantes, el niño Verde y ese tipo de personajes políticos lo único que cambiaría es el poder de un lado a otro (de un pillo a otro). Esa mezcla de personajes es igual de nociva que los Duarte, los Borge, los Padrés, los Manlios, los Gamboas, los Ochoas y los Peñas.

“Más allá de cualquier aspiración política o personal, hoy está de por medio un proyecto para reconstruir a México, un proyecto amplio y plural para darle salida a toda la problemática social, como la inseguridad, la falta de empleo y el bajo salario de la clase trabajadora, la corrupción, todos los temas que enfrentan las mexicanas y los mexicanos, los morelenses por supuesto” afirma Lucía Meza.

De acuerdo. Pero si lo que se busca es un cambio de sistema político y no sólo cambio de color en el gobierno, lo primero es cambiar a los actores de poder.

Chango viejo no hace maromas nuevas.

• redes sociales

A través de las redes sociales los transportistas anunciaron un macro bloqueo en la capital y en las mismas redes se retractaron.

Los transportistas amenazan, reclaman, exigen justicia, pero son incapaces de dar un buen servicio a la gente.

Hoy además, dicen, algunos de los líderes han encontrado una muy lucrativa forma de hacer negocio a trahotmvés de las amenazas.

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