De probarse los presuntos delitos, las elecciones de Coahuila darían un vuelco que sepultaría las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya —jefe del PAN— y principal impulsor de Guillermo Anaya, aspirante azul al gobierno de Coahuila.
La investigación también involucra al senador del PAN Luis Fernando Salazar competidor contra Anaya por la candidatura al gobierno de Coahuila.
Lo anterior es parte de una investigación periodística realizada por el portal wwwlaotraopinion.com.mx y cuyos datos duros aparecen en tres oficios fechados entre 13 y 14 de junio de 2017, en los cuales la Procuraduría de Coahuila (PGJE) dio vista a tres áreas especializadas de la PGR para intercambiar información.
Según los documentos, la PGJE envió los oficios respectivos —integrados por mil 86 fojas en las que se detallan los hechos presuntamente constitutivos de delitos— tanto a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) como a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y a la Unidad de Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Además, en los oficios la PGJE señala como probables responsables a Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, José Miguel Batarse, Alma Rosa Huitrón, Carlos Ulises Orta, Alejandro Gámez, Eduardo Sierra, Aldo Minjarez y Jorge Garza.
La indagatoria es parte de una denuncia presentada el 18 de abril de 2017 por la Fundación Colosio de Coahuila, en la cual se detalla la forma en que operó una red de financiamiento ilícito para pagar por sus servicios a operadores de los dos panistas que querían ser gobernadores.
Según la relatoría de hechos de la denuncia, desde enero de 2017, Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar crearon decenas de “Consejos Ciudadanos” en Coahuila, conformados en total por más de 6 mil activistas, quienes durante el proceso electoral se dedicaron a comprar el voto a favor del PAN.
Para recibir su pago, los activistas recibieron tarjetas de débito expedidas por Banorte, pero no a nombre de ellos, sino a nombre de otras personas, supuestos afiliados a dos sindicatos fantasma: “Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana” y “Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana”.
A su vez, estos sindicatos recibían depósitos de empresas fachada, como Carnes Shamorock S.A de C.V; Corporativo Rivela S.A. de C.V., y Romero, Granados y Asociados Sociedad Civil.
Los integrantes de los “Consejos Ciudadanos” creados por los aspirantes panistas tenían la consigna de retirar dinero exclusivamente en cajeros automáticos o en tiendas OXXO, ya que ventanillas del banco les exigirían identificación. Y los portadores no eran los titulares de las tarjetas.
De acuerdo con la denuncia, de esta manera se movieron al menos 70 millones de pesos, provenientes de depósitos hechos a las cuentas de los sindicatos referidos desde varias ciudades del país, entre ellas Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa.
En la operación financiera, presuntamente ilícita, está involucrado Eduardo Sierra González, un empresario de Durango, dueño de la franquicia Señor Molletes, quien fue detenido en Canadá en 2010 acusado de traficar con cocaína.
Sierra González es el “representante legal” de los dos sindicatos fantasma que fueron utilizados para recibir los depósitos del dinero que al final de la triangulación fue usado para pagar a los integrantes de los “Consejos Ciudadanos”.
Quienes denunciaron la irregularidad presumen que directivos de Banorte pueden estar involucrados en los delitos, pues no se explican cómo el banco expidió tantas tarjetas de débito a nombre de personas inexistentes, pues las empresas a cuya nómina supuestamente pertenecían los beneficiarios existen.
A partir de la denuncia de la Fundación Colosio, la PGJE inició la averiguación previa 00009/SAL/ULDE/2017, de la que se desprende, hasta ahora —según los oficios en poder de laotraopinion.com.mx—, la posible comisión de delitos electorales, delincuencia organizada y lavado de dinero.
A su vez, la Fepade inició la averiguación previa FED/FEPADE/UNAI-COAH/0000628/2017, por presuntos delitos electorales.
Dicho de otro modo: la elección del PAN en Coahuila, movida a billetazos. ¿Ese es el PAN de Ricardo Anaya? ¿Esa la honestidad que defienden los Anaya?
Al tiempo.