Al término de la ceremonia del primer aniversario del programa “Trato para un buen trato”, del Issste —cuyo objetivo es promover la relación humanitaria para sus 13 millones de derechohabientes—, el también ex rector de la UNAM dijo que se han presentado 23 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por falta de comprobación de gastos.
“Son 23 denuncias penales por no comprobar gastos por una cantidad superior a 650 millones de pesos, y seguimos haciendo las indagaciones”, manifestó.
Narro Robles sostuvo que estas irregularidades tienen que ver con distintos programas sanitarios en materia de adicciones, abasto de medicamentos, infraestructura y equipamiento.
El funcionario lamentó la falta de transparencia y mal manejo de los recursos públicos, actos que calificó de “deleznables”, los cuales se agravan cuando se trata del tema de la salud: “Esto es todavía mucho más duro, más sensible, y provoca más molestia, encono e irritación con absoluta razón”, dijo.
ADMITEN TRÁMITE
Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Javier Duarte, medida que dejó sin efecto, por el momento, las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de Veracruz en su contra.
La dependencia estatal obtuvo dos órdenes de arresto contra el ex mandatario, dentro de las causas penales 38/2017 y 56/2017, en las que lo acusó de ser probable responsable de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Sandra Leticia Robledo, juez primero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de amparo y otorgó la suspensión provisional al ex funcionario, a quien le impuso una garantía de 6 mil pesos, según quedó registrado en el expediente 614/2017.
La impartidora de justicia fijó para el próximo 3 de agosto la celebración de la audiencia constitucional.
Con este juicio, Duarte busca abrirse camino para enfrentar las acusaciones en libertad bajo caución, debido a que los ilícitos que se le imputan no son considerados graves.
El pasado 27 de junio, en Guatemala, el ex gobernador aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones que presentó en su contra la administración de Miguel Ángel Yunes, las cuales calificó de “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”, y que derivaron en dos órdenes de aprehensión.
Duarte permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Norte, a la espera de que un juez de control resuelva si lo vincula o no a proceso, tras las acusación que presentó en su contra la PGR por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la audiencia celebrada el pasado lunes en el Centro de Justicia Federal en dicho reclusorio, Gerardo Moreno García ordenó que Duarte no fuera trasladado a un penal federal como propuso la procuraduría, quien pretendía mantenerlo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en el municipio de Ayala, Morelos.
Los fiscales federales no lograron documentar el presunto lavado de dinero por 439 millones de pesos que según cometió el ex funcionario, acreditando solamente 38.5 millones de pesos.
El próximo sábado, a las diez de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que se espera que el veracruzano continúe su juicio en prisión.