Argumenta que el gasto en publicidad en la red social fue contabilizado dos veces ◗ Si el TEPJF lo comprueba, el tricolor no rebasaría el 5% del tope de gastos de campaña legal
El Partido Revolucionario Institucional no entregó ningún documento adicional este martes al Consejo General del INE, lo que implica que se jugará todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y todo lo apostará a una sola carta: la factura pagada a un intermediario para que se emitiera publicidad en Facebook. El Instituto Nacional Electoral decidió que el tricolor no había reportado los gastos por la promoción de su candidato en esa red social y le cargó montos calculados a partir de información solicitada directamente a la empresa que controla Facebook.
Para el PRI, es claro que toda vez que la factura ya se había sumado a sus gastos de campaña, el gasto se está contando dos veces.
Los malabares matemáticos empezarán entonces, pues la factura, de ser descontada, lograría que el gasto del tricolor y su candidato Miguel Ángel Riquelme quede en 20.04 millones, es decir, sobrepasado del tope oficial por 800 mil pesos, pero 7 décimas abajo del 5% de exceso que la Constitución alude como causal de nulidad de una elección.
El PRI ha dejado constancia de que ésta es su estrategia. Dos casillas en las que se le sumaron costos a representantes de casilla ya no fueron casos que ameritaran presentar argumentos. El tricolor se juega todo en el expediente Facebook.
Ayer, el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, aludió a que este asunto era de primer orden y se había negado a su partido el derecho de audiencia para aclararlo.
LA CONTABILIDAD. De igual forma, el PAN había sido objeto de un cómputo inadecuado por la Unidad de Fiscalización, ya que apenas a principio de este mes de julio el INE aseguró que su rebase de tope de gasto, en la misma entidad, era del 26 por ciento (31 por ciento era lo calculado originalmente para el PRI).
Aparte, los montos blanquiazules podrían bajar aún más, ya que, en la sesión extraordinaria del pasado lunes, el INE abrió un procedimiento oficioso para que los partidos entregaran, en un plazo de 24 horas, los formatos de pago a sus representantes de casillas el día de la jornada electoral, y aquellos firmados expresamente por quienes realizaron esa labor de manera gratuita.
El representante del PRI ante el Consejo General del INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, lamentó el trabajo de cálculo realizado por el órgano electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, y advirtió que “si así estamos en una elección en cuatro estados, cómo nos irá en 2018, donde habrá la concurrencia de 30 procesos electorales, incluido el de la renovación de la Presidencia de la República”.
En el mismo sentido se pronunció el representante del PAN, Francisco Gárate, quien reclamó “la elasticidad” de criterios en el INE para aplicar reglas “poco claras” y sanciones “desproporcionadas” a los partidos políticos.
Este martes, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó una primera revisión a los engroses presentados por los partidos y detectó que, en el estado de Coahuila, la “Coalición por un Coahuila Seguro”, que encabezó el priista Miguel Ángel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña por 7.86 por ciento.
En tanto, la “Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila”, abanderada por Guillermo Anaya, del PAN, efectuó un rebase equivalente al 4.56 por ciento, apenas por debajo del cinco por ciento fijado como límite de exceso al gasto de campañas.
Sin embargo, el INE admitió que los montos podrían aún ser modificados a partir de la revisión de los engroses mencionados, además de que, derivado de la determinación de un procedimiento oficioso, se revisarán todos los gastos relacionados con el pago a representantes de casilla.
El procedimiento oficioso se aprobó con la intención de brindar certeza al proceso de fiscalización del Instituto, con el fin de que los partidos pudieran aportar, en un plazo de 24 horas, que vence el día de hoy, las pruebas con las cuales ya contaban, pero que no presentaron a la Unidad Técnica de Fiscalización.
El resultado de este procedimiento tendrá un impacto al alza, en caso de que los partidos y candidatos no acrediten la inexistencia de un pago a los representantes de casilla, ya que ese gasto no está actualmente considerado en los dictámenes.