1. Hacer una licitación a modo para que la gane una empresa que no cumpla con los requisitos de experiencia y especialidad.
2. Escoger al efecto una empresa que haya sido inhabilitada por incumplimientos previos, pero que haya cambiado su nombre y compita bajo el nuevo.
3. No hacer pública ninguna de estas decisiones en la página de la secretaría que hace las licitaciones y elige a los ganadores.
4. No supervisar regularmente la obra ni siquiera ante el hecho de que, durante los meses de construcción, hubo en ese tramo de la carretera más de 80 accidentes y 21 muertos.
5. Inaugurar la obra antes de que esté formalmente terminada y entregada, según el contrato regular de finiquito.
6. Autorizar aumentos en los costos hasta por el doble de lo ofrecido en la licitación, y no reparar en el hecho de que el costo final de 2 mil 300 millones resulta 65 por ciento mayor que el ofrecido por otra empresa en la misma licitación, a la cual se le negó el contrato porque sus costos eran muy altos.
7. No escuchar a los habitantes de la zona que advierten de los daños que la obra hace sobre el drenaje y sobre los flujos de agua de su entorno.
8. No escuchar tampoco a la Auditoría Superior de la Federación que desde 2015 había advertido de "retrasos, pagos no justificados y modificaciones" a la obra.
9. Tener como delegado estatal responsable de Comunicaciones y Transportes a un maestro de inglés y despedirlo cuando la obra se colapse.
10. Si alguien cae al socavón de lodo y muere ahogado porque el rescate tarda horas en llegar, ofrecer a la familia un millón de pesos de indemnización para ayudarla a pasar "el mal rato".
(Tomo la secuencia de omisiones culposas y las cifras del sugerente artículo de María Amparo Casar: "Posverdad a la mexicana", sobre las verdades de las que solemos enterarnos una vez que la tragedia sucedió).