Pablo Morales Ugalde, el ex alcalde de Palmar de Bravo, Puebla, señalado de nexos con huachicoleros, registró en sólo un año movimientos financieros por 57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado.
Entre las operaciones se encuentran los presuntos desvíos de recursos del Municipio a cuentas bancarias de personas que también recibían depósitos millonarios presuntamente procedentes de la venta de combustible robado.
Las autoridades lo señalan de adquirir 17 inmuebles, la mayoría en Puebla, con recursos de procedencia ilícita. Se trata de terrenos, hoteles y oficinas distribuidos en la entidad.
El ahora procesado no es el único político local investigado por sus presuntos nexos con huachicoleros.
A raíz del enfrentamiento ocurrido el 3 de mayo en la localidad de Palmarito, en el cual seis presuntos delincuentes y 4 militares murieron, las autoridades federales indagan también a otros alcaldes.
Ellos son Néstor Camarillo, del Municipio de Quecholac; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco, y Antonio Aguilar, de Acajete.
Según los datos obtenidos, en el caso del edil de Palmar de Bravo, la PGR solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa las órdenes de aprehensión contra otros cuatro presuntos cómplices del ex Presidente Municipal.
Si bien el Gobierno federal no afirma categóricamente que la riqueza de Morales Ugalde sea derivada del negocio de los combustibles robados, sí establece la probabilidad.
Pemex verificó las cuatro gasolineras donde el ex edil aparece registrado como socio y concluyó que vendían más combustible del que compraban.
Dichas estimaciones también fueron presentadas al juzgado que ordenó su aprehensión, aunque de momento no son públicas.
De hecho, el 18 de abril sus gasolineras empezaron a ser revisadas oficialmente y, el 30 de junio, las autoridades informaron que las 4 fueron clausuradas en Puebla.
La PGR pidió la aprehensión de Morales Ugalde en la última semana de junio, sin embargo, en un primer momento un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla se declaró incompetente y turnó el caso a su homólogo de Xalapa.
El último día de junio se ordenó su aprehensión y cinco días más tarde fue detenido por la PGR y la Marina, internándolo en el Penal Federal de Villa Aldama, Veracruz.