La auditoría y los peritajes que señalarán las causas específicas en la tragedia del socavón en el paso exprés de la autopista México-Acapulco suscitan gran expectación sobre lo más obvio: la responsabilidad que corresponde al gobierno federal y a las empresas proyectistas, constructoras y supervisoras de la obra.
De la investigación, sin embargo, no pueden excluirse otras instancias públicas y conductas personales en apariencia menos importantes, pues lo justo es también saber si la muerte por asfixia de padre e hijo pudo evitarse, y ello solo es posible a partir de lo que hicieron o no las autoridades municipales y estatales de Cuernavaca y Morelos, pues en primerísimo término, la Ley General de Protección Civil (Artículos 5, 17 y 75) responsabiliza a los gobernadores y alcaldes de la prioridad que deben darle a la vida, la salud y la integridad de las personas en desastres.
¿Por qué no acudieron al sitio Graco Ramírez ni su némesis Cuauhtémoc Blanco, y por qué sus áreas de Protección Civil no permitieron que alguien más participara en el rescate ni pidieron ayuda federal...?