Porque, aunque no lo quiera ver López Obrador, el golpe al Cártel de Tláhuac (denunciado primero en notas periodísticas y confirmado por el operativo de la Marina que mató al capo Felipe de Jesús Pérez López, El Ojos) salpicó políticamente hacia muchos lados. Por un lado, evidenció, en la subrepticia acción federal, realizada sin avisar a las áreas de seguridad capitalina y en ausencia del jefe de Gobierno, un mensaje político duro y contundente a un Miguel Ángel Mancera que andaba desbocado en su anticipada carrera por la Presidencia; pero también, por otro lado, desnudó la protección o complicidad de un grupo político, antes del PRD y hoy de Morena, que volteó los ojos hacia otro lado, mientras El Ojos crecía y afianzaba su organización criminal de 2005 a la fecha en el oriente y el sur de la Ciudad de México.

No se entiende, en ninguna parte del país y la capital no es la excepción, que una organización criminal que tiene su sede en un municipio o estado específico, surja, crezca y opere en sus actividades delictivas (narcotráfico, narcomenudeo, secuestro, extorsión o derecho de piso) sin el conocimiento de las autoridades locales que, al verse rebasadas en la inmensa mayoría de los casos, tienen dos opciones: o lo denuncian públicamente y piden ayuda urgente a instancias superiores de gobierno que puedan enfrentar y someter a esa organización, o recurren a la práctica tan socorrida de hacerse “de la vista gorda” y no hacer nada, y en ese caso su actitud sólo puede obedecer a dos cosas: o prefieren ser omisos y renunciar, por miedo o incapacidad, a su obligación constitucional de velar por la seguridad de sus ciudadanos, o de plano se callan y cierran los ojos, porque ya se coludieron de alguna manera con la delincuencia.

¿Cuál de las dos faltas, igual de graves, cometió el delegado en Tláhuac en el caso de El Ojos? Porque nadie le va a creer a estas alturas a Rigoberto Salgado que él “no sabía y no vio nada”, primero por simple lógica y, después, por las evidencias que empiezan a surgir, como su auspicio al servicio de mototaxis que coordinaba su hermano y que operaban como halcones del cártel. Decir que supo y que lo denunció en su momento en uno o varios “oficios” en los que pedía la intervención del gobierno central de la Ciudad no parece suficiente ante el tamaño de la organización criminal que ya existía cuando él llego a gobernar, pero que alcanzó su mayor auge y crecimiento en los dos años que lleva como delegado ¿Por qué nunca denunció, en una conferencia de prensa por ejemplo, que ni la Procuraduría de Justicia ni la Secretaría de Seguridad Pública capitalinas, vaya, ni siquiera el jefe de Gobierno, le hacían caso a sus denuncias y peticiones, para que se actuara contra el Cártel de Tláhuac? No hay un solo registro mediático o declarativo que contradiga el silencio y la limitada acción burocrática de Salgado para pedir ayuda contra el monstruo delictivo que crecía en su delegación y se extendía a Xóchimilco, Iztapalapa y Tlalpan.

La posible responsabilidad del delegado de Morena no exime de sospecha al gobierno capitalino, concretamente a sus áreas de seguridad, por no haber actuado en casi cinco años de esta administración contra El Ojos y su creciente poder delictivo, pero igual que para cualquier alcalde del país, la responsabilidad primaria de saber qué sucede en su comunidad es de la autoridad municipal, en este caso delegacional ¿Se debe investigar si hubo corrupción o complicidad policiaca en la protección de Felipe de Jesús Pérez? Por supuesto que sí, pero también se tiene que investigar cómo es que Salgado nunca habló, en los varios oficios que sí envío al gobierno central, de la presencia de un grupo delictivo en concreto, ni del nombre de El Ojos o del agravamiento del narcomenudeo, el secuestro y la extorsión, y sólo se limitó a pedir apoyo “por problemas de seguridad”, según afirma la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.

Por todo eso López Obrador está equivocado al comparar el caso de Eva Cadena con el de Rigoberto Salgado, y creer que la versión del complot y el montaje, que sí tuvo sentido y evidencias en el caso veracruzano de financiamiento ilegal, puede aplicarse al caso Tláhuac, donde su delegado sí tuvo una responsabilidad directa, ya sea por omisión o por complicidad, y eso sólo se sabrá si se le investiga a fondo. Y en todo caso, si para el dirigente de Morena hay similitud entre el caso de la diputada de Veracruz y el delegado en Tláhuac, ¿por qué a Eva no la defendieron ni él ni su partido y se deslindaron rápido de ella, para que enfrentara sola las investigaciones y procesos judiciales, mientras al delegado sí parecen arroparlo y no le piden que renuncie o lo expulsan del partido para que enfrente una investigación?

Tal vez eso tenga que ver con el papel que Rigoberto Salgado juega dentro de Morena en la Ciudad de México y con sus nexos, muy cercanos y evidentes, con la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno. Todos saben en Morena que el delegado en Tláhuac trabajaba a favor de su vecina y amiga y de sus aspiraciones políticas; luego, ¿si trabajaba para Claudia trabajaba también para Andrés Manuel? Como haya sido, no deslindarse de la tóxica figura de Salgado y persistir en la teoría del complot, no va a evitar que Tláhuac y su delegado sin ojos les hagan daño a Morena y a su dirigente, un daño que se puede reflejar en pérdida de votos rumbo a 2018.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras en su estado y a nivel federal crecen los rumores sobre que está siendo investigado por la PGR por enriquecimiento, y que su nombre está en la mira de agencias como la DEA, al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, se le vio de lo más tranquilo el miércoles pasado comiendo en un conocido restaurante español del Monumento a la Revolución. “Llegó muy fresco y relajado”, dijo una comensal que lo vio entrar hasta una mesa donde se reunió con otras personas. ¿Será que Sandoval tiene la conciencia totalmente tranquila o será que piensa que, terminado su sexenio, podrá cabalgar tranquilo, montado en su silla de oro con diamantes por sus enormes ranchos nayaritas y en sus caballos pura sangre que mandó traer desde Sevilla hasta Tepic? ¡Corre como el viento Sandoval!.. El coordinador nacional de Comunicación Social del INE, Rubén Alvárez Mendiola, mandó una carta en la que precisa que “el Instituto Nacional Electoral carece de la atribución para anular elección alguna. Esta facultad corresponde única y exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, fracción VI y 99, párrafo tercero fracción II de la Constitución”. Añade que al INE sólo le corresponde la fiscalización de las campañas electorales y el cumplimiento de las normas vigentes, por lo que sus informes son enviados al Tribunal que, en calidad de “última instancia” de apelación y resolución de controversias, “es la única que puede declarar la nulidad de un proceso electoral”. Efectivamente, en este espacio dijimos que el informe de la Unidad de Fiscalización que decretó el rebase de tope de gastos de campaña del PRI en Coahuila daría pie a la anulación de la elección, pero que ésta era decidida por el Tribunal, si en la cabeza de la columna se publicó que era el INE el que anulaba, ofrecemos una disculpa a los lectores y hacemos la precisión correspondiente. Será el Tribunal Electoral el que defina la muy posible anulación de los comicios en Coahuila… A varios congresistas que dieron retuits o compartieron los muchos memes y cartones que se mofaron de la declaración de “Hay que tener fe en la PGR”, les llegaron DMs y mensajes de WhatsApp en los que les preguntaban “¿Usted también diputado?”, “¿Usted también senador?”. Al ver el nombre de quién les mandaba el mensaje, algunos parlamentarios hasta deshicieron sus retuits o de plano borraron los memes. O son hombres de poca fe o de mucho miedo… Batimos los dados. Escalera. Semana de altibajos

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