Aspecto de la Sala de Juicios orales en Cuernavaca. Foto: Carlos Quintero
CUERNAVACA. Una jueza de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial aplazó la audiencia intermedia en el caso de tres personas imputadas, entre ellas dos ex servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), e implicados en el secuestro de Tonatiuh.
Lo anterior debido a que dos de las personas imputadas, Jonathan V. R. y Víctor Manuel J. M. revocaron a sus abogados particulares y nombraron a otros. A fin de no vulnerar su derecho a una adecuada defensa, la juez fijó un mes para que los litigantes estudien la carpeta de investigación.
La audiencia dio inicio a las 10:46 horas de ayer lunes 31 de julio, en la Sala Dos del Juzgado de Control y Juicio Oral, con sede en Cuernavaca, y fue presidida por la juez María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, en sustitución de la titular, Gabriela Acosta Ortega.
En esta ocasión, Víctor Manuel J. M. cambio a sus defensores y nombró a Israel Linares Carrillo y Cutberto Luna Cortes; en tanto que Jonathan V. R. designó a Raymundo Moreno, Alejandro Marino y Roberto Castillo como sus nuevos abogados.
Los litigantes solicitaron a Rodríguez Cadena una prórroga para el desahogo de la audiencia intermedia a fin de leer los nueve tomos que conforman la carpeta de investigación sobre el caso del secuestro de Tonatiuh, víctima de secuestro y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el estado de México.
En respuesta, la juzgadora concedió la petición a los bogados defensores y estableció el próximo miércoles 30 de agosto para llevar a cabo la audiencia intermedia y continuar con la etapa de juicio oral.
Antes de que concluyera, la diligencia, Claudia Susana Pantaleón, abogada defensora de Jorge Alfredo M. D., pidió que a la Jueza que se apercibiera a los medios de comunicación para que no dieran a conocer el nombre de su cliente. No obstante, se trata de un ex servidor público cuyos derechos personales se encuentran limitados de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por consiguiente, en cualquier momento se puede dar a conocer siempre y cuando no se vulnere su derecho a la presunción de inocencia.